Jordi Ausás, conseller de gobernació de la generalitat de catalunya
Fuente: http://www.deia.com/es/impresa/2008/08/10/bizkaia/politika/490301.php
Jordi Ausàs (ERC) está elaborando con sus socios de Gobierno el contenido de una Ley de Consultas para Catalunya. Para ello, el conseller observa con lupa los pasos que se dan a favor y en contra del plebiscito vasco. "Que hoy se vea con malos ojos algo así, se hace duro", dice
bilbao. Jordi Ausàs atiende a este diario por teléfono mientras pasa unos días de vacaciones en el Pirineo catalán. En estos días de ocio, el conseller reflexiona acerca de las cosas que más le preocupan de la Ley de Consultas que prepara su departamento.
Entre otras cosas, muestra su inquietud por el déficit que existe en el Estado español a la hora de valorar positivamente estas iniciativas, iniciativas que "sólo sirven para cimentar la democracia participativa y para que la ciudadanía intervenga y se implique en política". De momento, tiene un espejo en el que mirarse: el plebiscito vasco.
Él no tiene dudas: "Es sano para el sistema democrático y para todos los vascos". Para PP y PSOE un mensaje: "Es un grave error llevar el proyecto del lehendakari ante el TC, es ponerse una venda en los ojos y no querer ver una realidad -la de las consultas- que se ve con absoluta naturalidad en muchas administraciones y gobiernos de todo el mundo".
¿Por qué defienden ustedes una Ley de Consultas Populares para Catalunya?
Desde el Gobierno de Catalunya impulsamos este proyecto por diversas razones. La primera es lograr que se reconozcan todas las competencias que recoge el Estatut. La segunda, porque queremos dar cumplimiento al mandato del Parlament de Catalunya, donde se han aprobado numerosas iniciativas en este sentido, en el sentido de que se impulse una Ley de Consultas Populares. Y por último, porque la redacción y la aprobación de una ley así figura en el cumplimiento del pacto de gobierno que suscribimos ERC, IU-ICV y PSC.
Seguro que detrás de la consulta hay más razones...
Sí. Entre otas cosas, porque consultar a la ciudadanía es una profundización importante de la democracia, y porque también es un antídoto contra la desafección política. Y es vital porque fomenta la participación directa del ciudadano en política, y así, suma y sigue.
Vamos, que esta medida, así como la que impulsó recientemente el Parlamento vasco, va en el camino de cimentar la democracia participativa.
Claro que sí, porque esta medida del Gobierno catalán promueve el derecho a decidir -pilar básico de la democracia- y es un derecho que contribuye a cohesionar Catalunya. De hecho, el objetivo de mi departamento es hacer funcionar el país desde muchos ámbitos: dando soporte al mundo local y promoviendo proyectos que impliquen a la ciudadanía en la política. En Euskadi, se hace más de lo mismo.
En la presentación de la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco se veía como algo básico que, en pleno siglo XXI, los ciudadanos puedan ser consultados con el objetivo de atenuar los efectos de una representación política imperfecta en las instituciones. ¿Comparte este prisma para la Ley de Consultas en la que trabaja?
En Catalunya lo vemos igual. El problema es que algunos quieren hacer lecturas en diagonal, con tintes partidistas.
Estas leyes de consultas serán tenidas muy en cuenta por otras administraciones y otros gobiernos, porque en los tiempos que corren son totalmente necesarias. ¿A quién puede molestar que se pregunte a la ciudadanía? ¿A quién puede incomodar que se pregunte al pueblo para tener en cuenta su opinión antes de una toma de decisiones? Creo que tenemos que acostumbrarnos a consultar con absoluta naturalidad y actuar en consecuencia. La Ley de Consultas Populares es una necesidad para mi país.
¿Es vinculante la consulta que proponen en su departamento? ¿Tiene el mismo rango que la que se aprobó recientemente en la Cámara de Gasteiz?
Aunque en Euskadi no sea vinculante, moralmente hablando, el Gobierno español tiene que estar muy atento a lo que los ciudadanos opinen en una consulta democrática con todas las garantías. Pero en el caso de Catalunya, tenemos la competencia exclusiva para la regulación de las consultas populares por vía de referéndum, por lo que la competencia exclusiva del Estado en este asunto-y figura en el art.149 de la Constitución española- se limita a la autorización de este instrumento en cada convocatoria concreta.
¿En qué consiste dicha autorización?
El Estado tiene sólo la competencia en la autorización de consultas populares, pero la Generalitat tiene la competencia exclusiva -según el art. 122 del Estatut- para regular las consultas populares por vía de referéndum y de todos los aspectos de su organización. Nosotros organizamos, convocamos y la hacemos y, al final, el Estado español decide si le da el visto bueno.
Y si desde Madrid se oponen, como sucede en Euskadi...
En Catalunya no queremos una ley para tenerla guardada en el cajón -y no utilizarla-, queremos hacerla efectiva, para así poder acostumbrar al conjunto de la ciudadanía a opinar. Que se vea que la opinión de la gente se tiene en cuenta.
El Consejo de Europa y otros organismos europeos ven con buenos ojos -y dentro de la legalidad- esta clase de iniciativas políticas. ¿Por qué incomoda tanto en los círculos políticos, judiciales o mediáticos de Madrid que se consulte a la ciudadanía cívicamente?
Sé que en muchos Estados y países se asume con mucha naturalidad la idea de consultar a la ciudadanía. No interiorizarlo aquí con normalidad es un error. Ahora que estamos elaborando esta ley desde Catalunya y, como es lógico, contando con el apoyo y el asesoramiento de juristas reconocidos -del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y de otros equipos de juristas-, creo que hay pocas excusas para permitir que se construyan diques contra la voz de la ciudadanía. También estamos comparando las legislaciones de otros países de nuestro entorno y sus prácticas políticas, y estamos comprobando que en lo que compete a la ciudadanía, se ejercita el derecho a decidir en muchos ámbitos para que la gente de la calle pueda implicarse en la vida pública y en la política. El camino va en esta dirección; hacer lo contrario es poner piedras en la senda de la democracia.
¿Debería ser más respetuoso el Gobierno español con las iniciativas que buscan fortalecer la democracia participativa?
El Gobierno español debe moderarse: tiene que tomar decisiones más respetuosas con el entorno institucional, incluso no fomentando la crispación entre instituciones. Creo que es un grave error utilizar el TC como si se tratara de un engranaje más de los intereses gubernamentales de España. Se dedican a marcar el calendario de sus deliberaciones, el calendario de sus sentencias en función de la coyuntura o de la oportunidad política partidaria. Ni en el caso de Euskadi ni en el de Catalunya, deben hacer lo que hacen en financiación, política lingüística o con las leyes de consulta. ¿Qué sentido tiene que el TC prohiba la Ley de Consulta del lehendakari? Ninguno. Por tanto, me parece que el sentido común tiene que empezar a primar: corresponde al TC marcar sus tiempos en sintonía con el sentido común, es decir, de forma que el 25 de octubre se pueda celebrar la consulta en Euskadi.
Como dijo el lehendakari, "no divide a la sociedad quien pregunta, sino quien prohibe consultar".
Exacto, eso es lo que se tiene que tener en cuenta.
Uste dice que el proyecto de ley que maneja su departamento es jurídicamente impecable, ¿pero qué trabas le pueden encontrar?
Efectivamente, nosotros conocemos las competencias que nos marca el Estatut y la Constitución española, por tanto queremos elaborar una ley para ser utilizada, y no para tenerla en la estantería. Estamos haciendo una Ley de Consultas Populares impecable con la legislación vigente. El TC no debería tener ningún problema en darle el visto bueno.
El proyecto de ley tiene encaje en el Estatut, pero con toda la que ha llovido sobre el Estatut -que sigue bloqueado a la espera de que se pronuncie el TC-, ¿de verdad cree que desde Madrid serán benevolentes con sus intenciones?
Habrá que esperar, pero lo que vemos en Madrid es bastante sombrío. No entendemos el revuelo que se forma cuando en democracia se toman determinadas medidas. Y tenemos muchos ejemplos. El Estatut lo podemos ejercitar y lo tenemos que exprimir como una naranja en todas nuestras competencias: como por ejemplo, con los referéndums y la organización de ellos.
El Estatut recoge la competencia de convocar referéndos y consultas, ¿no son dos elementos que pueden levantar sospechas para los miembros del Tribunal Constitucional?
No tendría que serlo, la intención es elaborar una norma que quepa en el marco estatutario y en el constitucional. Queremos ejercer nuestras competencias al máximo, y estos elementos no tendrían por qué incomodar a ningún tribunal. Hay aspectos legítimos que recoge el Estatut y que se están poniendo en tela de juicio, como es el caso de la financiación autonómica. El sábado día 9, finalizó el calendario establecido en el Estatut para acordar el modelo concreto de financiación para Catalunya. De momento, lo que hay es que no se respeta el sistema de financiación acordado, lo que supone un recorte de las competencias y de la soberanía de Catalunya.
Tienen trabas en la financiación, en el autogobierno... ¿les recortan siempre competencias desde Madrid?
¿Qué pretenden en Madrid, pasar el cepillo que Alfonso Guerra ya utilizó en las Cortes españolas? El Estatut es una Ley Orgánica y hay que cumplirla. La negociación ya se produjo en su día, con un alto coste para los intereses de Catalunya, por lo tanto, ahora no se trata de una renegociación, sino que se trata de cumplir con la financiación. Si en una cuestión de financiación hay tantas dificultades, espero que no suceda lo mismo con la Ley de Consultas. En Madrid tienen que saber que la consulta es muy positiva para la cohesión de Catalunya.
Jordi Ausàs (ERC) está elaborando con sus socios de Gobierno el contenido de una Ley de Consultas para Catalunya. Para ello, el conseller observa con lupa los pasos que se dan a favor y en contra del plebiscito vasco. "Que hoy se vea con malos ojos algo así, se hace duro", dice
bilbao. Jordi Ausàs atiende a este diario por teléfono mientras pasa unos días de vacaciones en el Pirineo catalán. En estos días de ocio, el conseller reflexiona acerca de las cosas que más le preocupan de la Ley de Consultas que prepara su departamento.
Entre otras cosas, muestra su inquietud por el déficit que existe en el Estado español a la hora de valorar positivamente estas iniciativas, iniciativas que "sólo sirven para cimentar la democracia participativa y para que la ciudadanía intervenga y se implique en política". De momento, tiene un espejo en el que mirarse: el plebiscito vasco.
Él no tiene dudas: "Es sano para el sistema democrático y para todos los vascos". Para PP y PSOE un mensaje: "Es un grave error llevar el proyecto del lehendakari ante el TC, es ponerse una venda en los ojos y no querer ver una realidad -la de las consultas- que se ve con absoluta naturalidad en muchas administraciones y gobiernos de todo el mundo".
¿Por qué defienden ustedes una Ley de Consultas Populares para Catalunya?
Desde el Gobierno de Catalunya impulsamos este proyecto por diversas razones. La primera es lograr que se reconozcan todas las competencias que recoge el Estatut. La segunda, porque queremos dar cumplimiento al mandato del Parlament de Catalunya, donde se han aprobado numerosas iniciativas en este sentido, en el sentido de que se impulse una Ley de Consultas Populares. Y por último, porque la redacción y la aprobación de una ley así figura en el cumplimiento del pacto de gobierno que suscribimos ERC, IU-ICV y PSC.
Seguro que detrás de la consulta hay más razones...
Sí. Entre otas cosas, porque consultar a la ciudadanía es una profundización importante de la democracia, y porque también es un antídoto contra la desafección política. Y es vital porque fomenta la participación directa del ciudadano en política, y así, suma y sigue.
Vamos, que esta medida, así como la que impulsó recientemente el Parlamento vasco, va en el camino de cimentar la democracia participativa.
Claro que sí, porque esta medida del Gobierno catalán promueve el derecho a decidir -pilar básico de la democracia- y es un derecho que contribuye a cohesionar Catalunya. De hecho, el objetivo de mi departamento es hacer funcionar el país desde muchos ámbitos: dando soporte al mundo local y promoviendo proyectos que impliquen a la ciudadanía en la política. En Euskadi, se hace más de lo mismo.
En la presentación de la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco se veía como algo básico que, en pleno siglo XXI, los ciudadanos puedan ser consultados con el objetivo de atenuar los efectos de una representación política imperfecta en las instituciones. ¿Comparte este prisma para la Ley de Consultas en la que trabaja?
En Catalunya lo vemos igual. El problema es que algunos quieren hacer lecturas en diagonal, con tintes partidistas.
Estas leyes de consultas serán tenidas muy en cuenta por otras administraciones y otros gobiernos, porque en los tiempos que corren son totalmente necesarias. ¿A quién puede molestar que se pregunte a la ciudadanía? ¿A quién puede incomodar que se pregunte al pueblo para tener en cuenta su opinión antes de una toma de decisiones? Creo que tenemos que acostumbrarnos a consultar con absoluta naturalidad y actuar en consecuencia. La Ley de Consultas Populares es una necesidad para mi país.
¿Es vinculante la consulta que proponen en su departamento? ¿Tiene el mismo rango que la que se aprobó recientemente en la Cámara de Gasteiz?
Aunque en Euskadi no sea vinculante, moralmente hablando, el Gobierno español tiene que estar muy atento a lo que los ciudadanos opinen en una consulta democrática con todas las garantías. Pero en el caso de Catalunya, tenemos la competencia exclusiva para la regulación de las consultas populares por vía de referéndum, por lo que la competencia exclusiva del Estado en este asunto-y figura en el art.149 de la Constitución española- se limita a la autorización de este instrumento en cada convocatoria concreta.
¿En qué consiste dicha autorización?
El Estado tiene sólo la competencia en la autorización de consultas populares, pero la Generalitat tiene la competencia exclusiva -según el art. 122 del Estatut- para regular las consultas populares por vía de referéndum y de todos los aspectos de su organización. Nosotros organizamos, convocamos y la hacemos y, al final, el Estado español decide si le da el visto bueno.
Y si desde Madrid se oponen, como sucede en Euskadi...
En Catalunya no queremos una ley para tenerla guardada en el cajón -y no utilizarla-, queremos hacerla efectiva, para así poder acostumbrar al conjunto de la ciudadanía a opinar. Que se vea que la opinión de la gente se tiene en cuenta.
El Consejo de Europa y otros organismos europeos ven con buenos ojos -y dentro de la legalidad- esta clase de iniciativas políticas. ¿Por qué incomoda tanto en los círculos políticos, judiciales o mediáticos de Madrid que se consulte a la ciudadanía cívicamente?
Sé que en muchos Estados y países se asume con mucha naturalidad la idea de consultar a la ciudadanía. No interiorizarlo aquí con normalidad es un error. Ahora que estamos elaborando esta ley desde Catalunya y, como es lógico, contando con el apoyo y el asesoramiento de juristas reconocidos -del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y de otros equipos de juristas-, creo que hay pocas excusas para permitir que se construyan diques contra la voz de la ciudadanía. También estamos comparando las legislaciones de otros países de nuestro entorno y sus prácticas políticas, y estamos comprobando que en lo que compete a la ciudadanía, se ejercita el derecho a decidir en muchos ámbitos para que la gente de la calle pueda implicarse en la vida pública y en la política. El camino va en esta dirección; hacer lo contrario es poner piedras en la senda de la democracia.
¿Debería ser más respetuoso el Gobierno español con las iniciativas que buscan fortalecer la democracia participativa?
El Gobierno español debe moderarse: tiene que tomar decisiones más respetuosas con el entorno institucional, incluso no fomentando la crispación entre instituciones. Creo que es un grave error utilizar el TC como si se tratara de un engranaje más de los intereses gubernamentales de España. Se dedican a marcar el calendario de sus deliberaciones, el calendario de sus sentencias en función de la coyuntura o de la oportunidad política partidaria. Ni en el caso de Euskadi ni en el de Catalunya, deben hacer lo que hacen en financiación, política lingüística o con las leyes de consulta. ¿Qué sentido tiene que el TC prohiba la Ley de Consulta del lehendakari? Ninguno. Por tanto, me parece que el sentido común tiene que empezar a primar: corresponde al TC marcar sus tiempos en sintonía con el sentido común, es decir, de forma que el 25 de octubre se pueda celebrar la consulta en Euskadi.
Como dijo el lehendakari, "no divide a la sociedad quien pregunta, sino quien prohibe consultar".
Exacto, eso es lo que se tiene que tener en cuenta.
Uste dice que el proyecto de ley que maneja su departamento es jurídicamente impecable, ¿pero qué trabas le pueden encontrar?
Efectivamente, nosotros conocemos las competencias que nos marca el Estatut y la Constitución española, por tanto queremos elaborar una ley para ser utilizada, y no para tenerla en la estantería. Estamos haciendo una Ley de Consultas Populares impecable con la legislación vigente. El TC no debería tener ningún problema en darle el visto bueno.
El proyecto de ley tiene encaje en el Estatut, pero con toda la que ha llovido sobre el Estatut -que sigue bloqueado a la espera de que se pronuncie el TC-, ¿de verdad cree que desde Madrid serán benevolentes con sus intenciones?
Habrá que esperar, pero lo que vemos en Madrid es bastante sombrío. No entendemos el revuelo que se forma cuando en democracia se toman determinadas medidas. Y tenemos muchos ejemplos. El Estatut lo podemos ejercitar y lo tenemos que exprimir como una naranja en todas nuestras competencias: como por ejemplo, con los referéndums y la organización de ellos.
El Estatut recoge la competencia de convocar referéndos y consultas, ¿no son dos elementos que pueden levantar sospechas para los miembros del Tribunal Constitucional?
No tendría que serlo, la intención es elaborar una norma que quepa en el marco estatutario y en el constitucional. Queremos ejercer nuestras competencias al máximo, y estos elementos no tendrían por qué incomodar a ningún tribunal. Hay aspectos legítimos que recoge el Estatut y que se están poniendo en tela de juicio, como es el caso de la financiación autonómica. El sábado día 9, finalizó el calendario establecido en el Estatut para acordar el modelo concreto de financiación para Catalunya. De momento, lo que hay es que no se respeta el sistema de financiación acordado, lo que supone un recorte de las competencias y de la soberanía de Catalunya.
Tienen trabas en la financiación, en el autogobierno... ¿les recortan siempre competencias desde Madrid?
¿Qué pretenden en Madrid, pasar el cepillo que Alfonso Guerra ya utilizó en las Cortes españolas? El Estatut es una Ley Orgánica y hay que cumplirla. La negociación ya se produjo en su día, con un alto coste para los intereses de Catalunya, por lo tanto, ahora no se trata de una renegociación, sino que se trata de cumplir con la financiación. Si en una cuestión de financiación hay tantas dificultades, espero que no suceda lo mismo con la Ley de Consultas. En Madrid tienen que saber que la consulta es muy positiva para la cohesión de Catalunya.
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