La consulta energética que tuvo lugar en Mexico este Domingo pasado resultó en un profundo 'NO' a la privatización del la empresa petrolera del estado PEMEX. Aunque la consulta no fue vinculante, tiene impacto politico por que sirve para dar voz a la opinión del pueblo y así los representantes elegidos del pueblo sentirán bastante presión respetar esa voz. Ademas, la consulta fue una buena oportunidad para educar el pueblo Mexicano sobre el funcionamiento de la democracia directa, y sus beneficios. Estos dos articulos proveen más detalles y análisis. - Editor
La consulta como una modalidad de la democracia directa
RAMÓN GUZMÁN RAMOS
RAMÓN GUZMÁN RAMOS
Fuente: http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2008/07/27/index.php?section=opinion&article=002a1pol
La democracia representativa parte del principio de que el pueblo delega sus facultades de decisión a representantes que son elegidos, por medio del voto universal, directo y secreto, en procesos electorales. Por encima de sus intereses políticos y sus filiaciones ideológicas, estos representantes populares tendrían que moverse en las instancias parlamentarias en función del interés nacional. Se trata de una democracia representativa, sin embargo, en la que se ha producido un distanciamiento enorme entre los legisladores y la sociedad. Las relaciones de representatividad se han roto y el carácter representativo de esta democracia simplemente se esfuma.
Los legisladores del PAN y del PRI apelaban, precisamente, al argumento de la democracia representativa, apoyados ferozmente por los grandes medios de información, para negarse a abrir el debate a la participación directa de la sociedad, nada menos que sus representados. Decían que ellos habían recibido ya las facultades par tomar decisiones de la sociedad y que podían hacerlo por sí mismos, sin necesidad de consultar a sus electores. Era una cuestión de los diputados y los senadores, no de la chusma.
Mal entendida y mal aplicada, la democracia representativa se ha convertido en un sistema de toma de decisiones en donde sólo participan quienes han recibido sus constancias de mayoría en los procesos electorales y no se sienten obligados a consultar con sus electores las cuestiones que se analizan y se resuelven en las instancias legislativas. Esto es algo que el pueblo sabe y resiente. De ahí la consecuencia: la crisis de credibilidad en este sistema político se hace cada vez más grande, creíamos que irresoluble en sus propios términos, alejando a los ciudadanos de las urnas, quienes buscan y construyen sus propias formas de organización para participar con su presencia directa en los asuntos que a todos conciernen.
La acción que realizaron los legisladores del FAP en su momento, cuando decidieron tomar las tribunas del Congreso para exigir un debate abierto a la sociedad sobre la iniciativa de Calderón, le inyectó a esta democracia representativa nuevo vigor. Desde el Congreso de la Unión un porcentaje considerable de legisladores planteaba la demanda de extender corredores hacia la sociedad civil, es decir, la reconstrucción de los puentes entre la clase política, que se nos ha estado convirtiendo en una aristocracia de élite, y la sociedad en su conjunto. La iniciativa de Calderón es un asunto de profundo interés nacional, algo que no se puede resolver respondiendo a intereses de las empresas trasnacionales, que han acumulado riquezas inmensas a costa de saquear los recursos naturales en el mundo, sino con la participación de todos los mexicanos. Era hora de combinar las tres modalidades fundamentales de toda democracia que se precie: la representativa, la participativa y la directa.
Pero esa acción de los legisladores del FAP no hubiera sido posible, ni hubiera alcanzado el objetivo que se propuso, sin la existencia de otro factor fundamental: la movilización ciudadana. Muchos creyeron que tras el fraude de 2006, o mejor dicho, tras el golpe de Estado anticipado que se orquestó y se consumó en su contra, Andrés Manuel López Obrador se quedaría eclipsado. Pero el presidente legítimo –ahora hasta la expresión ha sido prohibida, seguramente para que la desmemoria se imponga– se dedicó a recorrer los municipios y los territorios del país. Una campaña que a muchos les pareció frenética, como si se hubiera tratado de un escape de la realidad. El caso es que López Obrador aprendió la experiencia y se propuso darle a toda esa simpatía de millones de ciudadanos que lo respaldan una expresión organizada.
Ya no se trataba sólo de llenar el Zócalo con esa rebeldía popular que provenía de todos los rincones del país. Había que construir en el recorrido una estructura organizativa que le diera articulación al descontento y a la voluntad de luchar por un país mejor. Y ha sido esta organización ciudadana lo que ha permitido detener la privatización de nuestro petróleo. La toma de las tribunas del Congreso de la Unión por parte del FAP se vio respaldada por una enorme y poderosa movilización de cientos de miles de ciudadanos.
Vimos en ese momento lo que parecía ya inconcebible en el país: la vinculación dinámica, interactiva, dialéctica, democrática, vigorosamente combativa, entre la acción parlamentaria y la movilización ciudadana.
Los privatizadores se vieron obligados a ceder. Se abrió un espacio especial para que el debate tuviera lugar en el Senado. Especialistas de diversas áreas relacionadas con el petróleo acudieron a expresar sus enfoques y sus análisis con respecto a la iniciativa de Calderón. La mayoría de ellos ha coincidido en que se trata de un intento por abrir Pemex a la participación de las empresas privadas, con lo que se estaría cediendo soberanía nacional, ya que intereses particulares estarían interviniendo en las decisiones que en adelante se tomen sobre nuestros recursos energéticos. El debate fue una conquista democrática. Poco a poco ha bajado a otros niveles y ámbitos de la sociedad. Ha servido para mantener vivo el interés de la población en el tema y para que la gente pueda hacerse de un criterio más fundamentado al respecto.
Pero siempre fue obvio que el debate no era suficiente para detener la reforma petrolera. Podría pasar que a la hora de las votaciones el PAN y el PRI ignoren los resultados del debate y retomen su postura original, o incluso que se intentara filtrar una nueva modalidad privatizadora a través del PRI. Sería un acto de traición al pueblo mexicano, pero igual lo harían. Es algo que ha advertido con precisión Andrés Manuel López Obrador. Por eso mantiene en alerta máxima al movimiento ciudadano. De ahí la demanda de pasar del debate a la consulta popular. De la democracia participativa a la democracia directa. Que la sociedad exprese su voluntad con respecto a la reforma y que los legisladores acaten su mandato. Pero hemos visto el tamaño del miedo que los privatizadores expresan hacia el pueblo. Un miedo que disfrazan con su menosprecio reaccionario. Lo que dicen ahora es que la iniciativa es una cuestión de los expertos y los legisladores, y que la gente común, como nosotros, no tenemos la capacidad para tomar una decisión así
El principio de toda democracia es que la soberanía del país reside esencialmente en el pueblo. El pueblo delega esta función a los legisladores y gobernantes que son elegidos en procesos electorales. Pero a condición de que éstos representen con fidelidad los intereses auténticos de la nación. De no ser así, entonces el pueblo tiene el derecho, consagrado incluso en la Constitución, de cambiar la modalidad del sistema político y recuperar la soberanía para que regrese a su fuente original. Es a lo que le temen realmente los privatizadores neoliberales. Se han colocado por encima de este principio fundamental y se proponen instaurar ya una nueva dictadura de partido, como la que mantuvo durante más de siete décadas el PRI. La consulta, entonces, tiene una significación histórica. Esto lo sabe el pueblo. Por eso se moviliza y se mantiene dispuesto a defender la soberanía nacional con las acciones que se requieran. La consulta popular sobre la iniciativa de reforma petrolera es hoy un ejercicio de participación ciudadana que dejará un precedente histórico para darle a nuestra democracia un nuevo tirón.
Los órganos electorales de la federación y de los estados, a excepción del Distrito Federal, se negaron a organizar directamente la consulta. Esto incluye a nuestra entidad. El Instituto Electoral de Michoacán expresó su negativa a hacerse cargo de este proceso de recuperación de nuestra democracia. Ni siquiera aceptó dar asesoría y capacitación para que el movimiento ciudadano, que crece exponencialmente en todo el país, lo hiciera por su cuenta con las herramientas apropiadas. Estos órganos electorales esgrimen argumentos que se caen por sí solos. Que no hay leyes que contemplen una modalidad de la participación social como ésta. Pero habría que recordarles una y otra vez que tampoco hay leyes que lo prohíban. A final de cuentas, lo que sucede es que los órganos electorales han terminado por alinearse en las filas de los privatizadores. También por omisión se atenta contra el destino soberano de nuestro país.
Pero la consulta va a pesar de todo. Más de mil 200 mesas serán instaladas hoy en todos los municipios de la entidad –a excepción de Cherán– para que los ciudadanos acudamos a expresar nuestra opinión con respecto a las intenciones del gobierno federal de privatizar Pemex. Lo que hay que procurar es que la consulta tenga credibilidad. Esto sólo se logra si los organizadores y los participantes procuramos que se dé en un ambiente de participación y de transparencia que no deje dudas. Sólo así la consulta, a pesar de la ausencia de los órganos electorales, podrá contar con la legitimidad que sólo el pueblo le puede otorgar a las decisiones colectivas.
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Entrevista con el Doctor Luis Daniel Vázquez, especialista en democracia
“La consulta energética sólo tendrá impacto político menor”
Fuente: http://eleconomista.com.mx/politica/2008/07/25/653/%E2%80%9Cla-consulta-energetica-solo-tendra-impacto-politico-menor%E2%80%9D/
La consulta ciudadana y el plebiscito son herramientas democráticas muy valiosas, pero cuando tienen el consenso de todas las fuerzas políticas, opina el experto del FLACSO.
La democracia representativa parte del principio de que el pueblo delega sus facultades de decisión a representantes que son elegidos, por medio del voto universal, directo y secreto, en procesos electorales. Por encima de sus intereses políticos y sus filiaciones ideológicas, estos representantes populares tendrían que moverse en las instancias parlamentarias en función del interés nacional. Se trata de una democracia representativa, sin embargo, en la que se ha producido un distanciamiento enorme entre los legisladores y la sociedad. Las relaciones de representatividad se han roto y el carácter representativo de esta democracia simplemente se esfuma.
Los legisladores del PAN y del PRI apelaban, precisamente, al argumento de la democracia representativa, apoyados ferozmente por los grandes medios de información, para negarse a abrir el debate a la participación directa de la sociedad, nada menos que sus representados. Decían que ellos habían recibido ya las facultades par tomar decisiones de la sociedad y que podían hacerlo por sí mismos, sin necesidad de consultar a sus electores. Era una cuestión de los diputados y los senadores, no de la chusma.
Mal entendida y mal aplicada, la democracia representativa se ha convertido en un sistema de toma de decisiones en donde sólo participan quienes han recibido sus constancias de mayoría en los procesos electorales y no se sienten obligados a consultar con sus electores las cuestiones que se analizan y se resuelven en las instancias legislativas. Esto es algo que el pueblo sabe y resiente. De ahí la consecuencia: la crisis de credibilidad en este sistema político se hace cada vez más grande, creíamos que irresoluble en sus propios términos, alejando a los ciudadanos de las urnas, quienes buscan y construyen sus propias formas de organización para participar con su presencia directa en los asuntos que a todos conciernen.
La acción que realizaron los legisladores del FAP en su momento, cuando decidieron tomar las tribunas del Congreso para exigir un debate abierto a la sociedad sobre la iniciativa de Calderón, le inyectó a esta democracia representativa nuevo vigor. Desde el Congreso de la Unión un porcentaje considerable de legisladores planteaba la demanda de extender corredores hacia la sociedad civil, es decir, la reconstrucción de los puentes entre la clase política, que se nos ha estado convirtiendo en una aristocracia de élite, y la sociedad en su conjunto. La iniciativa de Calderón es un asunto de profundo interés nacional, algo que no se puede resolver respondiendo a intereses de las empresas trasnacionales, que han acumulado riquezas inmensas a costa de saquear los recursos naturales en el mundo, sino con la participación de todos los mexicanos. Era hora de combinar las tres modalidades fundamentales de toda democracia que se precie: la representativa, la participativa y la directa.
Pero esa acción de los legisladores del FAP no hubiera sido posible, ni hubiera alcanzado el objetivo que se propuso, sin la existencia de otro factor fundamental: la movilización ciudadana. Muchos creyeron que tras el fraude de 2006, o mejor dicho, tras el golpe de Estado anticipado que se orquestó y se consumó en su contra, Andrés Manuel López Obrador se quedaría eclipsado. Pero el presidente legítimo –ahora hasta la expresión ha sido prohibida, seguramente para que la desmemoria se imponga– se dedicó a recorrer los municipios y los territorios del país. Una campaña que a muchos les pareció frenética, como si se hubiera tratado de un escape de la realidad. El caso es que López Obrador aprendió la experiencia y se propuso darle a toda esa simpatía de millones de ciudadanos que lo respaldan una expresión organizada.
Ya no se trataba sólo de llenar el Zócalo con esa rebeldía popular que provenía de todos los rincones del país. Había que construir en el recorrido una estructura organizativa que le diera articulación al descontento y a la voluntad de luchar por un país mejor. Y ha sido esta organización ciudadana lo que ha permitido detener la privatización de nuestro petróleo. La toma de las tribunas del Congreso de la Unión por parte del FAP se vio respaldada por una enorme y poderosa movilización de cientos de miles de ciudadanos.
Vimos en ese momento lo que parecía ya inconcebible en el país: la vinculación dinámica, interactiva, dialéctica, democrática, vigorosamente combativa, entre la acción parlamentaria y la movilización ciudadana.
Los privatizadores se vieron obligados a ceder. Se abrió un espacio especial para que el debate tuviera lugar en el Senado. Especialistas de diversas áreas relacionadas con el petróleo acudieron a expresar sus enfoques y sus análisis con respecto a la iniciativa de Calderón. La mayoría de ellos ha coincidido en que se trata de un intento por abrir Pemex a la participación de las empresas privadas, con lo que se estaría cediendo soberanía nacional, ya que intereses particulares estarían interviniendo en las decisiones que en adelante se tomen sobre nuestros recursos energéticos. El debate fue una conquista democrática. Poco a poco ha bajado a otros niveles y ámbitos de la sociedad. Ha servido para mantener vivo el interés de la población en el tema y para que la gente pueda hacerse de un criterio más fundamentado al respecto.
Pero siempre fue obvio que el debate no era suficiente para detener la reforma petrolera. Podría pasar que a la hora de las votaciones el PAN y el PRI ignoren los resultados del debate y retomen su postura original, o incluso que se intentara filtrar una nueva modalidad privatizadora a través del PRI. Sería un acto de traición al pueblo mexicano, pero igual lo harían. Es algo que ha advertido con precisión Andrés Manuel López Obrador. Por eso mantiene en alerta máxima al movimiento ciudadano. De ahí la demanda de pasar del debate a la consulta popular. De la democracia participativa a la democracia directa. Que la sociedad exprese su voluntad con respecto a la reforma y que los legisladores acaten su mandato. Pero hemos visto el tamaño del miedo que los privatizadores expresan hacia el pueblo. Un miedo que disfrazan con su menosprecio reaccionario. Lo que dicen ahora es que la iniciativa es una cuestión de los expertos y los legisladores, y que la gente común, como nosotros, no tenemos la capacidad para tomar una decisión así
El principio de toda democracia es que la soberanía del país reside esencialmente en el pueblo. El pueblo delega esta función a los legisladores y gobernantes que son elegidos en procesos electorales. Pero a condición de que éstos representen con fidelidad los intereses auténticos de la nación. De no ser así, entonces el pueblo tiene el derecho, consagrado incluso en la Constitución, de cambiar la modalidad del sistema político y recuperar la soberanía para que regrese a su fuente original. Es a lo que le temen realmente los privatizadores neoliberales. Se han colocado por encima de este principio fundamental y se proponen instaurar ya una nueva dictadura de partido, como la que mantuvo durante más de siete décadas el PRI. La consulta, entonces, tiene una significación histórica. Esto lo sabe el pueblo. Por eso se moviliza y se mantiene dispuesto a defender la soberanía nacional con las acciones que se requieran. La consulta popular sobre la iniciativa de reforma petrolera es hoy un ejercicio de participación ciudadana que dejará un precedente histórico para darle a nuestra democracia un nuevo tirón.
Los órganos electorales de la federación y de los estados, a excepción del Distrito Federal, se negaron a organizar directamente la consulta. Esto incluye a nuestra entidad. El Instituto Electoral de Michoacán expresó su negativa a hacerse cargo de este proceso de recuperación de nuestra democracia. Ni siquiera aceptó dar asesoría y capacitación para que el movimiento ciudadano, que crece exponencialmente en todo el país, lo hiciera por su cuenta con las herramientas apropiadas. Estos órganos electorales esgrimen argumentos que se caen por sí solos. Que no hay leyes que contemplen una modalidad de la participación social como ésta. Pero habría que recordarles una y otra vez que tampoco hay leyes que lo prohíban. A final de cuentas, lo que sucede es que los órganos electorales han terminado por alinearse en las filas de los privatizadores. También por omisión se atenta contra el destino soberano de nuestro país.
Pero la consulta va a pesar de todo. Más de mil 200 mesas serán instaladas hoy en todos los municipios de la entidad –a excepción de Cherán– para que los ciudadanos acudamos a expresar nuestra opinión con respecto a las intenciones del gobierno federal de privatizar Pemex. Lo que hay que procurar es que la consulta tenga credibilidad. Esto sólo se logra si los organizadores y los participantes procuramos que se dé en un ambiente de participación y de transparencia que no deje dudas. Sólo así la consulta, a pesar de la ausencia de los órganos electorales, podrá contar con la legitimidad que sólo el pueblo le puede otorgar a las decisiones colectivas.
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Entrevista con el Doctor Luis Daniel Vázquez, especialista en democracia
“La consulta energética sólo tendrá impacto político menor”
Fuente: http://eleconomista.com.mx/politica/2008/07/25/653/%E2%80%9Cla-consulta-energetica-solo-tendra-impacto-politico-menor%E2%80%9D/
La consulta ciudadana y el plebiscito son herramientas democráticas muy valiosas, pero cuando tienen el consenso de todas las fuerzas políticas, opina el experto del FLACSO.
La mayoría de los mexicanos respaldan la propuesta de reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón y apoyan que el sector privado invierta en Pemex. A su vez, 80% está de acuerdo en que los políticos consulten a los ciudadanos sobre el futuro energético del país, revela una encuesta realizada por GEA-Isa sobre el tema.
Para conocer la conveniencia, impacto y efecto que tendrá la consulta que el gobierno de Marcelo Ebrard organiza este domingo 27 de julio, El Economista online platicó con el Doctor Luis Daniel Vásquez, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia del Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Como ciudadano, ¿cómo debe verse la consulta energética que se desarrollará este domingo en el DF?
R: Puede verse de distintas maneras, dependiendo de quién la observe. Puede verse como un ejercicio de participación ciudadana o puede verse simplemente como un método retardatario para una toma de decisión gubernamental.
Al no ser vinculante, ¿cuál es y será el impacto de la consulta?
Es verdad, no es vinculante, no tiene ningún impacto legal. Sin embargo, aquí la pregunta es si la democracia mexicana debería tener mayores instrumentos o instituciones relacionadas con la democracia participativa y qué tipo de decisiones gubernamentales son las que se deberían someter a este tipo de prácticas y, en su caso, cuál debería de ser el método de vinculación.
Yo diría que la consulta que se desarrolla este 27 de julio no tendrá efecto alguno, en términos gubernamentales. Quizá donde pueda tener algún efecto sería en el terreno político, pero aquí también su impacto sería menor, ya que, aunque se está invitando a la ciudadanía, sólo será en el DF y seguramente sólo participarán aquellos que están más cercanos al “No”, aquéllos que están más identificados con rechazar la propuesta del Presidente y aquellos que se sienten más cercanos al PRD. Esto minimizará el impacto político que debería tener la consulta.
Sin embargo, lo que deberíamos de pensar, tanto los políticos como los ciudadanos, es que la consulta es un elemento importante que deberíamos utilizar con mayor frecuencia en la toma de decisiones gubernamentales.
¿Cuándo o en qué temas se deberían utilizarse herramientas como la consulta ciudadana y el plebiscito, y cuándo los temas deberían dejarse exclusivamente a la discusión en el Congreso?
Esta es la parte más interesante del debate petrolero, pues va más allá de la reforma misma. Me parece que ahora en América Latina, y más con la llegada de gobiernos de izquierda, se está haciendo más evidente de que no tenemos un modelo económico que nos termina por gustar. Ni tampoco estamos seguros cuál es el tipo de democracia con la cual nos sentimos más contentos; con una democracia acotada, liberal procedimental, que dé menos instrumentos a los ciudadanos. O nos gustaría una democracia más populista, que implica un mayor nivel de participación.
Parecía que a finales de los setentas, ochentas, y principios de los noventas nos inclinábamos por una democracia acotada. Sin embargo, luego de la crisis de 1995 en México y de las crisis asiáticas y de Rusia a finales de la década pasada, parece que ese acuerdo se empezó a caer.
Para conocer la conveniencia, impacto y efecto que tendrá la consulta que el gobierno de Marcelo Ebrard organiza este domingo 27 de julio, El Economista online platicó con el Doctor Luis Daniel Vásquez, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia del Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Como ciudadano, ¿cómo debe verse la consulta energética que se desarrollará este domingo en el DF?
R: Puede verse de distintas maneras, dependiendo de quién la observe. Puede verse como un ejercicio de participación ciudadana o puede verse simplemente como un método retardatario para una toma de decisión gubernamental.
Al no ser vinculante, ¿cuál es y será el impacto de la consulta?
Es verdad, no es vinculante, no tiene ningún impacto legal. Sin embargo, aquí la pregunta es si la democracia mexicana debería tener mayores instrumentos o instituciones relacionadas con la democracia participativa y qué tipo de decisiones gubernamentales son las que se deberían someter a este tipo de prácticas y, en su caso, cuál debería de ser el método de vinculación.
Yo diría que la consulta que se desarrolla este 27 de julio no tendrá efecto alguno, en términos gubernamentales. Quizá donde pueda tener algún efecto sería en el terreno político, pero aquí también su impacto sería menor, ya que, aunque se está invitando a la ciudadanía, sólo será en el DF y seguramente sólo participarán aquellos que están más cercanos al “No”, aquéllos que están más identificados con rechazar la propuesta del Presidente y aquellos que se sienten más cercanos al PRD. Esto minimizará el impacto político que debería tener la consulta.
Sin embargo, lo que deberíamos de pensar, tanto los políticos como los ciudadanos, es que la consulta es un elemento importante que deberíamos utilizar con mayor frecuencia en la toma de decisiones gubernamentales.
¿Cuándo o en qué temas se deberían utilizarse herramientas como la consulta ciudadana y el plebiscito, y cuándo los temas deberían dejarse exclusivamente a la discusión en el Congreso?
Esta es la parte más interesante del debate petrolero, pues va más allá de la reforma misma. Me parece que ahora en América Latina, y más con la llegada de gobiernos de izquierda, se está haciendo más evidente de que no tenemos un modelo económico que nos termina por gustar. Ni tampoco estamos seguros cuál es el tipo de democracia con la cual nos sentimos más contentos; con una democracia acotada, liberal procedimental, que dé menos instrumentos a los ciudadanos. O nos gustaría una democracia más populista, que implica un mayor nivel de participación.
Parecía que a finales de los setentas, ochentas, y principios de los noventas nos inclinábamos por una democracia acotada. Sin embargo, luego de la crisis de 1995 en México y de las crisis asiáticas y de Rusia a finales de la década pasada, parece que ese acuerdo se empezó a caer.
Ya no estábamos tan seguros de que lo que nos gustaba era la economía liberal (o neoliberalismo, como algunos la llaman), ni tampoco estábamos tan seguros de que lo que lo que nos gustaba era una democracia acotada. Eso se hizo evidente cuando en 1999 gana la elección Hugo Chávez en Venezuela, y después Néstor Kirchner, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia, y Rafael Correa, en Ecuador.
El problema en este momento en América Latina y en México es que no tenemos un acuerdo fundacional. Ahí respondo a la pregunta: una consulta debe utilizarse cuando, lo que estamos sometiendo sea un acuerdo fundacional de la Nación. Ahí debe existir una consulta, porque ahí es donde aún no tenemos acuerdo, donde las naciones suelen partirse en dos, como ocurrió en el referéndum revocatorio de Hugo Chávez, en Venezuela; o cuando Costa Rica decidió por medio de un plebiscito firmar o no el TLC con EU.
En México, si hubiera existido un acuerdo de consulta nacional donde hubieran participado todas las fuerzas políticas hubiera valido la pena.
Finalmente, ¿cuándo deben usarse este tipo de consultas?, cuando la decisión en sí misma implique un acuerdo de nación, porque sus ciudadanos están divididos en dos. Ahora, ¿cuándo no se debe usarse?, cuando se trata de política fiscal, por ejemplo (nadie va a votar porque le suban los impuestos), ni en la administración de la política, pues para eso es la democracia.
Retomando lo anterior, ¿el tema energético debería llevarse a una consulta nacional o debería dejarse la discusión al Congreso?
Me parece que en este tema valdría la pena una consulta nacional. El problema de la consulta del 27 es que no superó los problemas que antes comenté; no tiene el acuerdo de las tres fuerzas gobernantes y no tendrá, en consecuencia, el respaldo que este tipo de consultas debería tener.
Ahora, democráticamente hablando, ¿sirvieron de algo los foros energéticos (o petroleros) que se celebraron durante meses, y con más de 100 ponentes, en el Senado?
Esa respuesta no lo puedo dar ahora, sino después de que veamos cómo se discute en el Congreso la reforma energética. En este momento, parece que fue un diálogo de sordos. Parece que aquellos del PAN, y algunos del PRI, que estaban en favor de la reforma, siguen estando en favor. Y parece que los PRD, y algunos del PRI, que estaban en contra siguen estando en contra. Y tampoco termina de claro, cuál será el proceso de negociación, a pesar de los acercamientos que han tenido los tres partidos mayoritarios. Sin embargo, quizá nos llevamos una sorpresa y logran una reforma por consenso.
¿Cómo debe funcionar la democracia en temas como el energético, como una democracia de consenso o una de mayorías (donde hay ganadores y perdedores?
Esa está muy complicada. No hay una ley de cómo debe funcionar la democracia. Al final la democracia nunca ha sido un procedimiento de consenso, la democracia, el instrumentos que utiliza para salvar, precisamente este tipo de disputas, es la mayoría, por eso es que hay una votación, y por eso hay una mayoría que gana. Esa mayoría obviamente puede ser de distintos tipos, puede ser simple o calificada. El método democrático no es método de consenso, sin embargo, cuando existe el consenso, mucho mejor.
No siempre existe el consenso, para eso está inventada la democracia. Lo más importante en estos casos es respetar las garantías de las minorías. Sin embargo, en el debate de la reforma energética no veo qué minoría pueda resultar vulnerada por un acuerdo de la mayoría. Me parece que en el caso de la reforma energética habrá, y será suficiente, un acuerdo mayoritario, lo cual no resta democraticidad al acuerdo. Sigue siendo un acuerdo democrático, porque la democracia se maneja como acuerdos de mayorías.
Fuente: Francisco Nazifh
El problema en este momento en América Latina y en México es que no tenemos un acuerdo fundacional. Ahí respondo a la pregunta: una consulta debe utilizarse cuando, lo que estamos sometiendo sea un acuerdo fundacional de la Nación. Ahí debe existir una consulta, porque ahí es donde aún no tenemos acuerdo, donde las naciones suelen partirse en dos, como ocurrió en el referéndum revocatorio de Hugo Chávez, en Venezuela; o cuando Costa Rica decidió por medio de un plebiscito firmar o no el TLC con EU.
En México, si hubiera existido un acuerdo de consulta nacional donde hubieran participado todas las fuerzas políticas hubiera valido la pena.
Finalmente, ¿cuándo deben usarse este tipo de consultas?, cuando la decisión en sí misma implique un acuerdo de nación, porque sus ciudadanos están divididos en dos. Ahora, ¿cuándo no se debe usarse?, cuando se trata de política fiscal, por ejemplo (nadie va a votar porque le suban los impuestos), ni en la administración de la política, pues para eso es la democracia.
Retomando lo anterior, ¿el tema energético debería llevarse a una consulta nacional o debería dejarse la discusión al Congreso?
Me parece que en este tema valdría la pena una consulta nacional. El problema de la consulta del 27 es que no superó los problemas que antes comenté; no tiene el acuerdo de las tres fuerzas gobernantes y no tendrá, en consecuencia, el respaldo que este tipo de consultas debería tener.
Ahora, democráticamente hablando, ¿sirvieron de algo los foros energéticos (o petroleros) que se celebraron durante meses, y con más de 100 ponentes, en el Senado?
Esa respuesta no lo puedo dar ahora, sino después de que veamos cómo se discute en el Congreso la reforma energética. En este momento, parece que fue un diálogo de sordos. Parece que aquellos del PAN, y algunos del PRI, que estaban en favor de la reforma, siguen estando en favor. Y parece que los PRD, y algunos del PRI, que estaban en contra siguen estando en contra. Y tampoco termina de claro, cuál será el proceso de negociación, a pesar de los acercamientos que han tenido los tres partidos mayoritarios. Sin embargo, quizá nos llevamos una sorpresa y logran una reforma por consenso.
¿Cómo debe funcionar la democracia en temas como el energético, como una democracia de consenso o una de mayorías (donde hay ganadores y perdedores?
Esa está muy complicada. No hay una ley de cómo debe funcionar la democracia. Al final la democracia nunca ha sido un procedimiento de consenso, la democracia, el instrumentos que utiliza para salvar, precisamente este tipo de disputas, es la mayoría, por eso es que hay una votación, y por eso hay una mayoría que gana. Esa mayoría obviamente puede ser de distintos tipos, puede ser simple o calificada. El método democrático no es método de consenso, sin embargo, cuando existe el consenso, mucho mejor.
No siempre existe el consenso, para eso está inventada la democracia. Lo más importante en estos casos es respetar las garantías de las minorías. Sin embargo, en el debate de la reforma energética no veo qué minoría pueda resultar vulnerada por un acuerdo de la mayoría. Me parece que en el caso de la reforma energética habrá, y será suficiente, un acuerdo mayoritario, lo cual no resta democraticidad al acuerdo. Sigue siendo un acuerdo democrático, porque la democracia se maneja como acuerdos de mayorías.
Fuente: Francisco Nazifh
