Impulsan diputados plebiscito y referéndum
Organización Editorial Mexicana
16 de noviembre de 2008
Fuente: http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n933996.htm
Víctor Godínez / El Sol de México
Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Raymundo Cárdenas, aseguró que existe consenso entre las tres principales bancadas legislativas para impulsar en el actual periodo de sesiones las figuras del plebiscito y el referéndum.
Reveló que ya se elabora un dictamen de iniciativa de ley para aprobar estas figuras de la democracia.
Por su parte, el diputado panista Eduardo de la Torre Jaramillo dijo que este instituto político accederá a estas reformas.
Raymundo Cárdenas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aseveró que existe consenso entre las diferentes bancadas de esta instancia legislativa, a fin de impulsar en el actual periodo de sesiones figuras de democracia directas como el plebiscito y el referendo.
En una reunión de trabajo realizada en el Palacio de San Lázaro, señaló que las tres fuerzas políticas más importantes en el país como son los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), han expresado su interés de abordar este tema.
Por tal motivo, reveló que en la Comisión de Puntos Constitucionales se elabora un dictamen de iniciativa de ley para aprobar estas figuras de la democracia.
Por su parte, el diputado panista Eduardo de la Torre Jaramillo dijo que este instituto político accederá a estas reformas, pero antes se deben resolver las diferencias, pues se tienen que estudiar los modelos utilizados en Latinoamérica y ver si son viables para aplicarse en la vida política nacional.
Sobre el particular, dijo que en el PAN se llegó a un consenso interno para estudiar e impulsar estos mecanismos de democracia directa.
A su vez, el diputado Salvador Ruiz Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, recordó que su partido siempre ha mostrado disposición para tratar los temas y proyectos con los que se pueda perfeccionar la democracia.
Sin embargo, negó que al promover el modelo de referendo se impulse al mismo tiempo la reelección electoral, ya que son temas que se tienen que ver por separado.
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Monday, December 15, 2008
MEXICO: Impulsan Diputados Plebiscito y Referéndum
Tuesday, December 9, 2008
ESPAÑA: Sobre la Democracia Directa
Democracia directa
21.11.2008 -
21.11.2008 -
Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/prensa/20081121/opinion/democracia-directa-20081121.html
Una de las críticas que suele hacerse a la democracia directa es que da lugar a políticas conservadoras. En esta forma de pensar late una profunda desconfianza hacia la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas.
Frente a esta idea hay que decir que no es la democracia directa la que da lugar a posiciones conservadoras, sino que es la sociedad la que es conservadora o progresista. Los votos dieron sendos mandatos presidenciales a Bush y Aznar, que nunca han destacado por desarrollar políticas progresistas, y nadie ha puesto en tela de juicio las elecciones.
Lo importante, en la democracia directa, es que los ciudadanos y las ciudadanas debaten y deciden en todos y cada uno de los asuntos que les interesan, no sólo cada cuatro años y no sólo cuando se les pregunta desde el poder.
Javier Madrazo. Cádiz
Una de las críticas que suele hacerse a la democracia directa es que da lugar a políticas conservadoras. En esta forma de pensar late una profunda desconfianza hacia la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas.
Frente a esta idea hay que decir que no es la democracia directa la que da lugar a posiciones conservadoras, sino que es la sociedad la que es conservadora o progresista. Los votos dieron sendos mandatos presidenciales a Bush y Aznar, que nunca han destacado por desarrollar políticas progresistas, y nadie ha puesto en tela de juicio las elecciones.
Lo importante, en la democracia directa, es que los ciudadanos y las ciudadanas debaten y deciden en todos y cada uno de los asuntos que les interesan, no sólo cada cuatro años y no sólo cuando se les pregunta desde el poder.
Javier Madrazo. Cádiz
Sunday, November 9, 2008
BOLIVIA: Democracia Directa y Participativa en la Nueva Constitución
La CPE admite la democracia comunitaria para el gobierno
Fuente: http://fmbolivia.com.bo/noticia5027-la-cpe-admite-la-democracia-comunitaria-para-el-gobierno.html
La Paz - Bolivia, 29 de octubre.- El proyecto de Constitución Política del Estado que será sometido a referendos aprobatorio y dirimente el 25 de enero incorpora a “la democracia comunitaria” en el sistema de Gobierno que podría tener Bolivia de aprobarse el documento constitucional.
La democracia proyectada por la nueva Carta Magna incluye las variables participativa, representativa y comunitaria. La aparición en el texto de este mecanismo es novedosa, ya que en el documento vigente sólo se reconocen el sistema democrático representativo y el directo.
Dentro del proyecto constitucional, el Capítulo Tercero, referido al Sistema de Gobierno, reconoce “normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” a la hora de elegir autoridades, además incluye los cabildos y asambleas como formas deliberativas de la sociedad.
El diputado de Unidad Nacional (UN) Alejandro Colanzi, quien participó en la Mesa de Concertación que modificó el texto aprobado en 2007 en Oruro, sostuvo que este artículo “reconoce la diversidad de formas (democráticas) que aparecen en el país”.
La forma comunitaria que se incorpora a la democracia formal boliviana establece la elección de autoridades y representantes a través de procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. El proyecto además establece que la organización política, para todas las modalidades (representativa, participativa y comunitaria), será establecida mediante una ley.
Consultado acerca de la incorporación de la democracia comunitaria, Colanzi considera que ésta aparece en el texto gracias a las prácticas de la sociedad civil en los últimos años y que este sistema es un concepto que va más allá de las prácticas indígenas que “rescata el viejo concepto de la comuna”.
El politólogo Carlos Cordero considera que la democracia comunitaria es “una novedad en la tradición republicana, liberal y representativa”.
Empero, señala que falta observar cómo se articularán los distintos mecanismos democráticos y de qué manera éstos sostendrán sus relaciones con las formas de Gobierno reconocidas en la propuesta de Carta Magna.
En el capítulo de autonomías se determinaron, después de las negociaciones del Gobierno con los prefectos y los parlamentarios, cinco niveles gubernamentales: nacional, departamental, municipal, indígena y regional.
“En el tiempo se verá si se pueden complementar, ser armónicos o provocan tensionamientos”.
La faceta comunitaria de la democracia significa “la superación de la etapa donde las decisiones las tomaban técnicos con visión economicistas, como sucedió en las últimas dos décadas”, según el diputado Colanzi. En cambio, Cordero teme que el “asambleísmo pueda fortalecer los autoritarismos debido a las presiones ilícitas que se dan en esas situaciones”.
El texto propuesto reconoce como democracia participativa al referéndum, la iniciativa ciudadana, el revocatorio, las asambleas y los cabildos y la consulta previa.
“Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo”. La democracia participativa fue insertada en la Carta Magna que todavía está vigente en la gestión presidencial de Carlos Mesa (2003-2005).
Los principios del Estado
El artículo 8 del proyecto de Constitución Política del Estado (ver cuadro superior) incorpora como principios ético-morales del Estado boliviano los mandamientos propios de los pueblos indígenas originarios. Para el sociólogo Julio Mantilla, estos elementos no son añadiduras “folklóricas”, sino más bien “elaboraciones filosóficas” y visiones del desarrollo del “buen vivir”.
Para el especialista, el mencionado artículo incorpora visiones de la vida que son distintas de las planteadas por el racionalismo occidental. “La visión del suma qamaña, por ejemplo, es una visión de equilibrio entre trabajo, conocimiento, placer y solidaridad”. Mantilla considera que la irrupción de estos planteamientos representa un cambio muy profundo en nuestra manera de entender el mundo. “Se trata de cómo nosotros interiorizamos la nueva filosofía”.
Este precepto “es un tema central”. “Éste es un proceso gradual que en los próximos 20 años vamos a seguir madurando. Afectará tremendamente en la cotidianidad”.
El sociólogo comentó que estas “dimensiones filosóficas, lastimosamente, no son explicadas y por eso son vulgarizadas como algo folklórico”, y concluyó que esta incorporación es un avance “postmoderno” en la nueva Constitución.
El sistema de gobierno
La nueva CPE
Artículo11:
I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley.
2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a ley.
3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a ley.
Artículo 12:
I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización está fundamentada en la independencia…
La CPE vigente
La Constitución Política del Estado que está vigente hace mención al sistema de Gobierno en los primeros preceptos del documento.
Artículo1:
I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.
Artículo 4:
El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum, establecidos por esta Constitución y normados por ley.
Artículo 2:
La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano.
Principios del Estado
La nueva CPE
Artículo 8:
I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Artículo 9:
Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:
1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación.
La CPE vigente
Los principios, en la Carta Magna que está en vigencia, se mencionan en el artículo 8, que señala:
Artículo 8:
Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia.
Artículo 30:
Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les confiere esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente les están acordadas por ella.
Artículo 31:
Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.
Artículo 32:
Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni privarse de lo que ellas no prohíban.
Artículo 34:
Los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria.
Hitos Democráticos
El referéndum por los hidrocarburos inauguró la etapa de la democracia participativa.
La elección de prefectos, en 2005, dio inicio a otra faceta de la vida democrática.
La consulta revocatoria del 10 de agosto marcó el colofón de la participación.
Fuente: http://fmbolivia.com.bo/noticia5027-la-cpe-admite-la-democracia-comunitaria-para-el-gobierno.html
La Paz - Bolivia, 29 de octubre.- El proyecto de Constitución Política del Estado que será sometido a referendos aprobatorio y dirimente el 25 de enero incorpora a “la democracia comunitaria” en el sistema de Gobierno que podría tener Bolivia de aprobarse el documento constitucional.
La democracia proyectada por la nueva Carta Magna incluye las variables participativa, representativa y comunitaria. La aparición en el texto de este mecanismo es novedosa, ya que en el documento vigente sólo se reconocen el sistema democrático representativo y el directo.
Dentro del proyecto constitucional, el Capítulo Tercero, referido al Sistema de Gobierno, reconoce “normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” a la hora de elegir autoridades, además incluye los cabildos y asambleas como formas deliberativas de la sociedad.
El diputado de Unidad Nacional (UN) Alejandro Colanzi, quien participó en la Mesa de Concertación que modificó el texto aprobado en 2007 en Oruro, sostuvo que este artículo “reconoce la diversidad de formas (democráticas) que aparecen en el país”.
La forma comunitaria que se incorpora a la democracia formal boliviana establece la elección de autoridades y representantes a través de procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. El proyecto además establece que la organización política, para todas las modalidades (representativa, participativa y comunitaria), será establecida mediante una ley.
Consultado acerca de la incorporación de la democracia comunitaria, Colanzi considera que ésta aparece en el texto gracias a las prácticas de la sociedad civil en los últimos años y que este sistema es un concepto que va más allá de las prácticas indígenas que “rescata el viejo concepto de la comuna”.
El politólogo Carlos Cordero considera que la democracia comunitaria es “una novedad en la tradición republicana, liberal y representativa”.
Empero, señala que falta observar cómo se articularán los distintos mecanismos democráticos y de qué manera éstos sostendrán sus relaciones con las formas de Gobierno reconocidas en la propuesta de Carta Magna.
En el capítulo de autonomías se determinaron, después de las negociaciones del Gobierno con los prefectos y los parlamentarios, cinco niveles gubernamentales: nacional, departamental, municipal, indígena y regional.
“En el tiempo se verá si se pueden complementar, ser armónicos o provocan tensionamientos”.
La faceta comunitaria de la democracia significa “la superación de la etapa donde las decisiones las tomaban técnicos con visión economicistas, como sucedió en las últimas dos décadas”, según el diputado Colanzi. En cambio, Cordero teme que el “asambleísmo pueda fortalecer los autoritarismos debido a las presiones ilícitas que se dan en esas situaciones”.
El texto propuesto reconoce como democracia participativa al referéndum, la iniciativa ciudadana, el revocatorio, las asambleas y los cabildos y la consulta previa.
“Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo”. La democracia participativa fue insertada en la Carta Magna que todavía está vigente en la gestión presidencial de Carlos Mesa (2003-2005).
Los principios del Estado
El artículo 8 del proyecto de Constitución Política del Estado (ver cuadro superior) incorpora como principios ético-morales del Estado boliviano los mandamientos propios de los pueblos indígenas originarios. Para el sociólogo Julio Mantilla, estos elementos no son añadiduras “folklóricas”, sino más bien “elaboraciones filosóficas” y visiones del desarrollo del “buen vivir”.
Para el especialista, el mencionado artículo incorpora visiones de la vida que son distintas de las planteadas por el racionalismo occidental. “La visión del suma qamaña, por ejemplo, es una visión de equilibrio entre trabajo, conocimiento, placer y solidaridad”. Mantilla considera que la irrupción de estos planteamientos representa un cambio muy profundo en nuestra manera de entender el mundo. “Se trata de cómo nosotros interiorizamos la nueva filosofía”.
Este precepto “es un tema central”. “Éste es un proceso gradual que en los próximos 20 años vamos a seguir madurando. Afectará tremendamente en la cotidianidad”.
El sociólogo comentó que estas “dimensiones filosóficas, lastimosamente, no son explicadas y por eso son vulgarizadas como algo folklórico”, y concluyó que esta incorporación es un avance “postmoderno” en la nueva Constitución.
El sistema de gobierno
La nueva CPE
Artículo11:
I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley.
2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a ley.
3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a ley.
Artículo 12:
I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización está fundamentada en la independencia…
La CPE vigente
La Constitución Política del Estado que está vigente hace mención al sistema de Gobierno en los primeros preceptos del documento.
Artículo1:
I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.
Artículo 4:
El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum, establecidos por esta Constitución y normados por ley.
Artículo 2:
La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano.
Principios del Estado
La nueva CPE
Artículo 8:
I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Artículo 9:
Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:
1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación.
La CPE vigente
Los principios, en la Carta Magna que está en vigencia, se mencionan en el artículo 8, que señala:
Artículo 8:
Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia.
Artículo 30:
Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les confiere esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente les están acordadas por ella.
Artículo 31:
Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.
Artículo 32:
Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni privarse de lo que ellas no prohíban.
Artículo 34:
Los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria.
Hitos Democráticos
El referéndum por los hidrocarburos inauguró la etapa de la democracia participativa.
La elección de prefectos, en 2005, dio inicio a otra faceta de la vida democrática.
La consulta revocatoria del 10 de agosto marcó el colofón de la participación.
Sunday, October 19, 2008
PERU: ¿Por qué la Revocatoria?
¿Por qué la revocatoria?
El poder en manos del ciudadano no es solo un atributo, es además una facultad que tiene para ejercerlo
Por Francisco Miró Quesada Rada
El poder en manos del ciudadano no es solo un atributo, es además una facultad que tiene para ejercerlo
Por Francisco Miró Quesada Rada
Fuente: http://www.elcomercio.com.pe/Edicionimpresa/Html/2008-09-29/por-que-revocatoria.html
La democracia, desde que fue creada por los atenienses significa 'poder del pueblo' (demos: pueblo, cratos: poder). En consecuencia, el pueblo es el poseedor del poder, su titular.
El poder no es solo un atributo o una relación social, es además una facultad que tiene el individuo para ejercerlo. No se consigue nada con poseer poder sin ejercerlo, por eso cuando las democracias comenzaron a reducirle el poder a la monarquía, hasta dejarla sin ninguna capacidad de ejercicio, surgió la famosa frase "reina pero no gobierna". En consecuencia, el pueblo no solo debe poseer poder sino ejercerlo.
Existen dos formas de ejercer el poder en la democracia moderna. A través de los representantes o directamente. No son dos democracias distintas. La representativa y la directa constituyen modalidades de ejercicio del poder perfectamente compatibles. Lo que sucede es que en la directa, llamada también participativa, el ciudadano ejerce el poder sin intermediación.
Son diversas las instituciones de la democracia directa y entre ellas se encuentra la revocatoria, considerada un derecho que tiene el elector de remover a una autoridad elegida antes de que concluya el período de su mandato. Cuando estudiamos la legislación extranjera vemos que la revocatoria varía en cada país y depende tanto de la realidad como de las contingencias políticas en una sociedad.
En Estados Unidos se llama 'recall'. Funciona en algunos estados de la Unión Americana, condados y distritos. En América Latina las autoridades pueden ser revocadas en el Perú, Colombia, Cuba, Venezuela y el Ecuador, pero no todas.
Las constituciones de Venezuela y del Ecuador reconocen la revocatoria del presidente de la República. En el proyecto constitucional boliviano, la revocatoria se aplica para todas las autoridades, pero no existe un artículo específico que se refiera al presidente de la República.
Un grupo de ciudadanos ha planteado la revocatoria del presidente en nuestro país. Es una propuesta política y democrática, como muchas otras, por ejemplo la de los congresistas. Pero para que proceda se tendría que reformar la Constitución, porque de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, solo pueden ser revocadas las autoridades regionales y municipales.
Ha causado preocupación esta propuesta argumentándose que puede generar inestabilidad política y afectar la gobernabilidad. Sin embargo, para lograr un equilibrio entre el poder del pueblo y el poder del presidente, la solución a mi modo de ver es que se establezcan causales, de esta manera el presidente solo podrá ser revocado en caso que incumpliera esas causales. Así como las autoridades tienen límites en el ejercicio del poder, también el ciudadano debe tenerlos.
La democracia, como hace tres siglos sostenía Montesquieu, es un sistema de "pesos y contrapesos". Se basa en el equilibrio de poderes para evitar la tiranía de un poder sobre otro u otros.
La racionalidad de este equilibrio radica en la ley y si una ley obedece a criterios de justicia, es decir de simetría, todo ciudadano, sea autoridad o no, debe respetarla.
La democracia, desde que fue creada por los atenienses significa 'poder del pueblo' (demos: pueblo, cratos: poder). En consecuencia, el pueblo es el poseedor del poder, su titular.
El poder no es solo un atributo o una relación social, es además una facultad que tiene el individuo para ejercerlo. No se consigue nada con poseer poder sin ejercerlo, por eso cuando las democracias comenzaron a reducirle el poder a la monarquía, hasta dejarla sin ninguna capacidad de ejercicio, surgió la famosa frase "reina pero no gobierna". En consecuencia, el pueblo no solo debe poseer poder sino ejercerlo.
Existen dos formas de ejercer el poder en la democracia moderna. A través de los representantes o directamente. No son dos democracias distintas. La representativa y la directa constituyen modalidades de ejercicio del poder perfectamente compatibles. Lo que sucede es que en la directa, llamada también participativa, el ciudadano ejerce el poder sin intermediación.
Son diversas las instituciones de la democracia directa y entre ellas se encuentra la revocatoria, considerada un derecho que tiene el elector de remover a una autoridad elegida antes de que concluya el período de su mandato. Cuando estudiamos la legislación extranjera vemos que la revocatoria varía en cada país y depende tanto de la realidad como de las contingencias políticas en una sociedad.
En Estados Unidos se llama 'recall'. Funciona en algunos estados de la Unión Americana, condados y distritos. En América Latina las autoridades pueden ser revocadas en el Perú, Colombia, Cuba, Venezuela y el Ecuador, pero no todas.
Las constituciones de Venezuela y del Ecuador reconocen la revocatoria del presidente de la República. En el proyecto constitucional boliviano, la revocatoria se aplica para todas las autoridades, pero no existe un artículo específico que se refiera al presidente de la República.
Un grupo de ciudadanos ha planteado la revocatoria del presidente en nuestro país. Es una propuesta política y democrática, como muchas otras, por ejemplo la de los congresistas. Pero para que proceda se tendría que reformar la Constitución, porque de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, solo pueden ser revocadas las autoridades regionales y municipales.
Ha causado preocupación esta propuesta argumentándose que puede generar inestabilidad política y afectar la gobernabilidad. Sin embargo, para lograr un equilibrio entre el poder del pueblo y el poder del presidente, la solución a mi modo de ver es que se establezcan causales, de esta manera el presidente solo podrá ser revocado en caso que incumpliera esas causales. Así como las autoridades tienen límites en el ejercicio del poder, también el ciudadano debe tenerlos.
La democracia, como hace tres siglos sostenía Montesquieu, es un sistema de "pesos y contrapesos". Se basa en el equilibrio de poderes para evitar la tiranía de un poder sobre otro u otros.
La racionalidad de este equilibrio radica en la ley y si una ley obedece a criterios de justicia, es decir de simetría, todo ciudadano, sea autoridad o no, debe respetarla.
Thursday, October 9, 2008
REPUBLICA DOMINICANA: Democracia Directa en la Nueva Constitución
Democracia directa en la nueva Constitución
En el proyecto de Constitución se abre paso a la regulación del cabildeo ante las instituciones públicas
José Carlos Nazario
jueves, 25 de septiembre de 2008
En el proyecto de Constitución se abre paso a la regulación del cabildeo ante las instituciones públicas
José Carlos Nazario
jueves, 25 de septiembre de 2008
Fuente: http://www.clavedigital.com.do/App_Pages/opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=12605&Id_ClassArticulista=64
En días pasados el Presidente de la República presentó el Proyecto de Reforma Constitucional que, fruto de las consultas en diversos sectores, preparó el grupo de juristas que fuera convocado por el Ejecutivo para los fines. Sin entrar en discusiones sobre el mecanismo de modificación, nos gustaría tratar algunos aspectos.
En dicho proyecto, como hemos podido comprobar, se establecen principios que podrían dar espacio a una interesante e importantísima apertura del Estado hacia la participación social y ciudadana. En tal sentido hemos querido señalar algunos puntos del articulado que representan un claro avance en la materia.
Según establece el artículo 2 de la nueva propuesta constitucional, “el pueblo ejerce la soberanía por medio de sus representantes o en forma directa (…)” Hablamos, pues, de la superación del mito del Estado-padre/protector.
En el artículo 6 se reconoce a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, esta cuestión, tocada anteriormente por nosotros y anunciada por el Presidente Fernández, constituye una llave para la creación de nuevos mecanismos de democracia directa que nos lleven al perfeccionamiento social de la organización jurídico-política de la nación.
Yendo más lejos, la comisión de juristas propone, en el numeral 3ro del artículo 20, sobre los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, el derecho a la “iniciativa congresional y municipal”, así como la formulación de “peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público”. Ambos puntos pueden constituirse, sin duda, en una apertura hacia la gestión pública de intereses, el denominado lobbying, como mecanismo de participación política de la ciudadanía.
Por último los artículos 82 y 83 completan la alusión constitucional a la temática, postulando que dicha iniciativa legislativa se ejerce mediante la participación de no menos del 2% de los inscritos en el registro de electores y deja abierta la opción a una ley especial que establezca el procedimiento para la propuesta. De igual forma se estipula que quien ejerza dicha iniciativa tendrá derecho a sostener su propuesta ante la otra Cámara.
Con este articulado se abre paso, en la nueva Constitución, a la, tantas veces invocada, regulación del cabildeo ante las instituciones públicas. El famoso lobbying (gestión de intereses privados ante instituciones públicas), satanizado con intenciones non gratas por muchos promotores del arcaísmo estatal, debe ser limitado y diferenciado del tráfico de influencias. Su control daría paso al necesario proceso de empoderamiento ciudadano, que vendría a potenciar los cambios que por tanto tiempo hemos esperado de los políticos y que sin duda son responsabilidad exclusiva de nosotros, los ciudadanos.
En días pasados el Presidente de la República presentó el Proyecto de Reforma Constitucional que, fruto de las consultas en diversos sectores, preparó el grupo de juristas que fuera convocado por el Ejecutivo para los fines. Sin entrar en discusiones sobre el mecanismo de modificación, nos gustaría tratar algunos aspectos.
En dicho proyecto, como hemos podido comprobar, se establecen principios que podrían dar espacio a una interesante e importantísima apertura del Estado hacia la participación social y ciudadana. En tal sentido hemos querido señalar algunos puntos del articulado que representan un claro avance en la materia.
Según establece el artículo 2 de la nueva propuesta constitucional, “el pueblo ejerce la soberanía por medio de sus representantes o en forma directa (…)” Hablamos, pues, de la superación del mito del Estado-padre/protector.
En el artículo 6 se reconoce a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, esta cuestión, tocada anteriormente por nosotros y anunciada por el Presidente Fernández, constituye una llave para la creación de nuevos mecanismos de democracia directa que nos lleven al perfeccionamiento social de la organización jurídico-política de la nación.
Yendo más lejos, la comisión de juristas propone, en el numeral 3ro del artículo 20, sobre los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, el derecho a la “iniciativa congresional y municipal”, así como la formulación de “peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público”. Ambos puntos pueden constituirse, sin duda, en una apertura hacia la gestión pública de intereses, el denominado lobbying, como mecanismo de participación política de la ciudadanía.
Por último los artículos 82 y 83 completan la alusión constitucional a la temática, postulando que dicha iniciativa legislativa se ejerce mediante la participación de no menos del 2% de los inscritos en el registro de electores y deja abierta la opción a una ley especial que establezca el procedimiento para la propuesta. De igual forma se estipula que quien ejerza dicha iniciativa tendrá derecho a sostener su propuesta ante la otra Cámara.
Con este articulado se abre paso, en la nueva Constitución, a la, tantas veces invocada, regulación del cabildeo ante las instituciones públicas. El famoso lobbying (gestión de intereses privados ante instituciones públicas), satanizado con intenciones non gratas por muchos promotores del arcaísmo estatal, debe ser limitado y diferenciado del tráfico de influencias. Su control daría paso al necesario proceso de empoderamiento ciudadano, que vendría a potenciar los cambios que por tanto tiempo hemos esperado de los políticos y que sin duda son responsabilidad exclusiva de nosotros, los ciudadanos.
Thursday, October 2, 2008
GUATEMALA: Foro Tocará el Tema de la La Democracia Directa
Foro social en Guatemala
La Usac será la sede.
Por: Helmer Velásquez
Fuente: http://www.elperiodico.com.gt/es/20080925/opinion/72082
Convocada por tercera ocasión, la cumbre social del hemisferio congregará alrededor de 6 mil representantes de redes sociales, populares y pueblos originarios de las américas y el mundo, del 7 al 12 de octubre, bajo el alero de la Universidad de San Carlos, cuya Ciudad Universitaria será sede del evento. ¿Por qué es importante este evento para el movimiento social guatemalteco? El proceso de construcción de la cumbre está llamado a constituirse en el motor de la refundación de la propia alianza social. Debe ser el acicate para la forja de nuevos y cualitativos niveles de unidad.
Revitalización de la agenda del movimiento, reconstrucción de vasos comunicantes e impulso a nuevos y beligerantes actores, dentro de los cuales las comunidades organizadas en defensa de sus recursos naturales y territorio adquieren singular relevancia. Bajo estas premisas, el movimiento social guatemalteco, –sigo acá los comentarios de Edwin Ortega y Jeanina Ponce, personeros del foro– aspira a renovada unidad, agenda política común y vínculos estrechos con los procesos de integración de los pueblos. La importancia del foro se refleja en los temas de agenda dentro de los que aparecen: Nuevos roles de los Estados. Democracia directa, social y popular. Pueblos originarios, resistencia y lucha por el territorio. Mercantilización de la vida, instrumentos de la apertura comercial versus comercio con justicia. Crisis e inequitativo acceso a los alimentos.
Militarización de nuestras sociedades. Neoliberalismo y post-neoliberalismo. Desarrollo endógeno.
Socialismo en el siglo XXI. Cambio climático. Minería. Reforma Agraria. Equidad de género y de pueblos. Entre otros sensibles problemas a debatir. Este festival de la amistad y la solidaridad entre los pueblos, es excelente oportunidad para pensadores, dirigentes y activistas sociales nacionales, para el intercambio de ideas, experiencias y propuestas con dirigentes internacionales de amplia experiencia. Una innegable oportunidad para escuchar a los nuevos pensadores latinoamericanos.
Cierra el III Foro Social Américas con una caminata por las calles de la ciudad de Guatemala, en conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, desarrollo rural y reforma agraria, demandas centrales de la organización campesina e indígena guatemalteca, quienes estarán presentes a lo largo del recorrido. La Guatemala social estará de nuevo al centro de la mirada continental: hospitalaria, solidaria y políticamente responsable.
Saturday, September 27, 2008
ESPAÑA: Consultas Populares en Cataluyna
"Consultar a la sociedad ayuda a cimentar la democracia participativa y a terminar con la desafección política"
Jordi Ausás, conseller de gobernació de la generalitat de catalunya
Fuente: http://www.deia.com/es/impresa/2008/08/10/bizkaia/politika/490301.php
Jordi Ausàs (ERC) está elaborando con sus socios de Gobierno el contenido de una Ley de Consultas para Catalunya. Para ello, el conseller observa con lupa los pasos que se dan a favor y en contra del plebiscito vasco. "Que hoy se vea con malos ojos algo así, se hace duro", dice
bilbao. Jordi Ausàs atiende a este diario por teléfono mientras pasa unos días de vacaciones en el Pirineo catalán. En estos días de ocio, el conseller reflexiona acerca de las cosas que más le preocupan de la Ley de Consultas que prepara su departamento.
Entre otras cosas, muestra su inquietud por el déficit que existe en el Estado español a la hora de valorar positivamente estas iniciativas, iniciativas que "sólo sirven para cimentar la democracia participativa y para que la ciudadanía intervenga y se implique en política". De momento, tiene un espejo en el que mirarse: el plebiscito vasco.
Él no tiene dudas: "Es sano para el sistema democrático y para todos los vascos". Para PP y PSOE un mensaje: "Es un grave error llevar el proyecto del lehendakari ante el TC, es ponerse una venda en los ojos y no querer ver una realidad -la de las consultas- que se ve con absoluta naturalidad en muchas administraciones y gobiernos de todo el mundo".
¿Por qué defienden ustedes una Ley de Consultas Populares para Catalunya?
Desde el Gobierno de Catalunya impulsamos este proyecto por diversas razones. La primera es lograr que se reconozcan todas las competencias que recoge el Estatut. La segunda, porque queremos dar cumplimiento al mandato del Parlament de Catalunya, donde se han aprobado numerosas iniciativas en este sentido, en el sentido de que se impulse una Ley de Consultas Populares. Y por último, porque la redacción y la aprobación de una ley así figura en el cumplimiento del pacto de gobierno que suscribimos ERC, IU-ICV y PSC.
Seguro que detrás de la consulta hay más razones...
Sí. Entre otas cosas, porque consultar a la ciudadanía es una profundización importante de la democracia, y porque también es un antídoto contra la desafección política. Y es vital porque fomenta la participación directa del ciudadano en política, y así, suma y sigue.
Vamos, que esta medida, así como la que impulsó recientemente el Parlamento vasco, va en el camino de cimentar la democracia participativa.
Claro que sí, porque esta medida del Gobierno catalán promueve el derecho a decidir -pilar básico de la democracia- y es un derecho que contribuye a cohesionar Catalunya. De hecho, el objetivo de mi departamento es hacer funcionar el país desde muchos ámbitos: dando soporte al mundo local y promoviendo proyectos que impliquen a la ciudadanía en la política. En Euskadi, se hace más de lo mismo.
En la presentación de la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco se veía como algo básico que, en pleno siglo XXI, los ciudadanos puedan ser consultados con el objetivo de atenuar los efectos de una representación política imperfecta en las instituciones. ¿Comparte este prisma para la Ley de Consultas en la que trabaja?
En Catalunya lo vemos igual. El problema es que algunos quieren hacer lecturas en diagonal, con tintes partidistas.
Estas leyes de consultas serán tenidas muy en cuenta por otras administraciones y otros gobiernos, porque en los tiempos que corren son totalmente necesarias. ¿A quién puede molestar que se pregunte a la ciudadanía? ¿A quién puede incomodar que se pregunte al pueblo para tener en cuenta su opinión antes de una toma de decisiones? Creo que tenemos que acostumbrarnos a consultar con absoluta naturalidad y actuar en consecuencia. La Ley de Consultas Populares es una necesidad para mi país.
¿Es vinculante la consulta que proponen en su departamento? ¿Tiene el mismo rango que la que se aprobó recientemente en la Cámara de Gasteiz?
Aunque en Euskadi no sea vinculante, moralmente hablando, el Gobierno español tiene que estar muy atento a lo que los ciudadanos opinen en una consulta democrática con todas las garantías. Pero en el caso de Catalunya, tenemos la competencia exclusiva para la regulación de las consultas populares por vía de referéndum, por lo que la competencia exclusiva del Estado en este asunto-y figura en el art.149 de la Constitución española- se limita a la autorización de este instrumento en cada convocatoria concreta.
¿En qué consiste dicha autorización?
El Estado tiene sólo la competencia en la autorización de consultas populares, pero la Generalitat tiene la competencia exclusiva -según el art. 122 del Estatut- para regular las consultas populares por vía de referéndum y de todos los aspectos de su organización. Nosotros organizamos, convocamos y la hacemos y, al final, el Estado español decide si le da el visto bueno.
Y si desde Madrid se oponen, como sucede en Euskadi...
En Catalunya no queremos una ley para tenerla guardada en el cajón -y no utilizarla-, queremos hacerla efectiva, para así poder acostumbrar al conjunto de la ciudadanía a opinar. Que se vea que la opinión de la gente se tiene en cuenta.
El Consejo de Europa y otros organismos europeos ven con buenos ojos -y dentro de la legalidad- esta clase de iniciativas políticas. ¿Por qué incomoda tanto en los círculos políticos, judiciales o mediáticos de Madrid que se consulte a la ciudadanía cívicamente?
Sé que en muchos Estados y países se asume con mucha naturalidad la idea de consultar a la ciudadanía. No interiorizarlo aquí con normalidad es un error. Ahora que estamos elaborando esta ley desde Catalunya y, como es lógico, contando con el apoyo y el asesoramiento de juristas reconocidos -del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y de otros equipos de juristas-, creo que hay pocas excusas para permitir que se construyan diques contra la voz de la ciudadanía. También estamos comparando las legislaciones de otros países de nuestro entorno y sus prácticas políticas, y estamos comprobando que en lo que compete a la ciudadanía, se ejercita el derecho a decidir en muchos ámbitos para que la gente de la calle pueda implicarse en la vida pública y en la política. El camino va en esta dirección; hacer lo contrario es poner piedras en la senda de la democracia.
¿Debería ser más respetuoso el Gobierno español con las iniciativas que buscan fortalecer la democracia participativa?
El Gobierno español debe moderarse: tiene que tomar decisiones más respetuosas con el entorno institucional, incluso no fomentando la crispación entre instituciones. Creo que es un grave error utilizar el TC como si se tratara de un engranaje más de los intereses gubernamentales de España. Se dedican a marcar el calendario de sus deliberaciones, el calendario de sus sentencias en función de la coyuntura o de la oportunidad política partidaria. Ni en el caso de Euskadi ni en el de Catalunya, deben hacer lo que hacen en financiación, política lingüística o con las leyes de consulta. ¿Qué sentido tiene que el TC prohiba la Ley de Consulta del lehendakari? Ninguno. Por tanto, me parece que el sentido común tiene que empezar a primar: corresponde al TC marcar sus tiempos en sintonía con el sentido común, es decir, de forma que el 25 de octubre se pueda celebrar la consulta en Euskadi.
Como dijo el lehendakari, "no divide a la sociedad quien pregunta, sino quien prohibe consultar".
Exacto, eso es lo que se tiene que tener en cuenta.
Uste dice que el proyecto de ley que maneja su departamento es jurídicamente impecable, ¿pero qué trabas le pueden encontrar?
Efectivamente, nosotros conocemos las competencias que nos marca el Estatut y la Constitución española, por tanto queremos elaborar una ley para ser utilizada, y no para tenerla en la estantería. Estamos haciendo una Ley de Consultas Populares impecable con la legislación vigente. El TC no debería tener ningún problema en darle el visto bueno.
El proyecto de ley tiene encaje en el Estatut, pero con toda la que ha llovido sobre el Estatut -que sigue bloqueado a la espera de que se pronuncie el TC-, ¿de verdad cree que desde Madrid serán benevolentes con sus intenciones?
Habrá que esperar, pero lo que vemos en Madrid es bastante sombrío. No entendemos el revuelo que se forma cuando en democracia se toman determinadas medidas. Y tenemos muchos ejemplos. El Estatut lo podemos ejercitar y lo tenemos que exprimir como una naranja en todas nuestras competencias: como por ejemplo, con los referéndums y la organización de ellos.
El Estatut recoge la competencia de convocar referéndos y consultas, ¿no son dos elementos que pueden levantar sospechas para los miembros del Tribunal Constitucional?
No tendría que serlo, la intención es elaborar una norma que quepa en el marco estatutario y en el constitucional. Queremos ejercer nuestras competencias al máximo, y estos elementos no tendrían por qué incomodar a ningún tribunal. Hay aspectos legítimos que recoge el Estatut y que se están poniendo en tela de juicio, como es el caso de la financiación autonómica. El sábado día 9, finalizó el calendario establecido en el Estatut para acordar el modelo concreto de financiación para Catalunya. De momento, lo que hay es que no se respeta el sistema de financiación acordado, lo que supone un recorte de las competencias y de la soberanía de Catalunya.
Tienen trabas en la financiación, en el autogobierno... ¿les recortan siempre competencias desde Madrid?
¿Qué pretenden en Madrid, pasar el cepillo que Alfonso Guerra ya utilizó en las Cortes españolas? El Estatut es una Ley Orgánica y hay que cumplirla. La negociación ya se produjo en su día, con un alto coste para los intereses de Catalunya, por lo tanto, ahora no se trata de una renegociación, sino que se trata de cumplir con la financiación. Si en una cuestión de financiación hay tantas dificultades, espero que no suceda lo mismo con la Ley de Consultas. En Madrid tienen que saber que la consulta es muy positiva para la cohesión de Catalunya.
Jordi Ausàs (ERC) está elaborando con sus socios de Gobierno el contenido de una Ley de Consultas para Catalunya. Para ello, el conseller observa con lupa los pasos que se dan a favor y en contra del plebiscito vasco. "Que hoy se vea con malos ojos algo así, se hace duro", dice
bilbao. Jordi Ausàs atiende a este diario por teléfono mientras pasa unos días de vacaciones en el Pirineo catalán. En estos días de ocio, el conseller reflexiona acerca de las cosas que más le preocupan de la Ley de Consultas que prepara su departamento.
Entre otras cosas, muestra su inquietud por el déficit que existe en el Estado español a la hora de valorar positivamente estas iniciativas, iniciativas que "sólo sirven para cimentar la democracia participativa y para que la ciudadanía intervenga y se implique en política". De momento, tiene un espejo en el que mirarse: el plebiscito vasco.
Él no tiene dudas: "Es sano para el sistema democrático y para todos los vascos". Para PP y PSOE un mensaje: "Es un grave error llevar el proyecto del lehendakari ante el TC, es ponerse una venda en los ojos y no querer ver una realidad -la de las consultas- que se ve con absoluta naturalidad en muchas administraciones y gobiernos de todo el mundo".
¿Por qué defienden ustedes una Ley de Consultas Populares para Catalunya?
Desde el Gobierno de Catalunya impulsamos este proyecto por diversas razones. La primera es lograr que se reconozcan todas las competencias que recoge el Estatut. La segunda, porque queremos dar cumplimiento al mandato del Parlament de Catalunya, donde se han aprobado numerosas iniciativas en este sentido, en el sentido de que se impulse una Ley de Consultas Populares. Y por último, porque la redacción y la aprobación de una ley así figura en el cumplimiento del pacto de gobierno que suscribimos ERC, IU-ICV y PSC.
Seguro que detrás de la consulta hay más razones...
Sí. Entre otas cosas, porque consultar a la ciudadanía es una profundización importante de la democracia, y porque también es un antídoto contra la desafección política. Y es vital porque fomenta la participación directa del ciudadano en política, y así, suma y sigue.
Vamos, que esta medida, así como la que impulsó recientemente el Parlamento vasco, va en el camino de cimentar la democracia participativa.
Claro que sí, porque esta medida del Gobierno catalán promueve el derecho a decidir -pilar básico de la democracia- y es un derecho que contribuye a cohesionar Catalunya. De hecho, el objetivo de mi departamento es hacer funcionar el país desde muchos ámbitos: dando soporte al mundo local y promoviendo proyectos que impliquen a la ciudadanía en la política. En Euskadi, se hace más de lo mismo.
En la presentación de la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco se veía como algo básico que, en pleno siglo XXI, los ciudadanos puedan ser consultados con el objetivo de atenuar los efectos de una representación política imperfecta en las instituciones. ¿Comparte este prisma para la Ley de Consultas en la que trabaja?
En Catalunya lo vemos igual. El problema es que algunos quieren hacer lecturas en diagonal, con tintes partidistas.
Estas leyes de consultas serán tenidas muy en cuenta por otras administraciones y otros gobiernos, porque en los tiempos que corren son totalmente necesarias. ¿A quién puede molestar que se pregunte a la ciudadanía? ¿A quién puede incomodar que se pregunte al pueblo para tener en cuenta su opinión antes de una toma de decisiones? Creo que tenemos que acostumbrarnos a consultar con absoluta naturalidad y actuar en consecuencia. La Ley de Consultas Populares es una necesidad para mi país.
¿Es vinculante la consulta que proponen en su departamento? ¿Tiene el mismo rango que la que se aprobó recientemente en la Cámara de Gasteiz?
Aunque en Euskadi no sea vinculante, moralmente hablando, el Gobierno español tiene que estar muy atento a lo que los ciudadanos opinen en una consulta democrática con todas las garantías. Pero en el caso de Catalunya, tenemos la competencia exclusiva para la regulación de las consultas populares por vía de referéndum, por lo que la competencia exclusiva del Estado en este asunto-y figura en el art.149 de la Constitución española- se limita a la autorización de este instrumento en cada convocatoria concreta.
¿En qué consiste dicha autorización?
El Estado tiene sólo la competencia en la autorización de consultas populares, pero la Generalitat tiene la competencia exclusiva -según el art. 122 del Estatut- para regular las consultas populares por vía de referéndum y de todos los aspectos de su organización. Nosotros organizamos, convocamos y la hacemos y, al final, el Estado español decide si le da el visto bueno.
Y si desde Madrid se oponen, como sucede en Euskadi...
En Catalunya no queremos una ley para tenerla guardada en el cajón -y no utilizarla-, queremos hacerla efectiva, para así poder acostumbrar al conjunto de la ciudadanía a opinar. Que se vea que la opinión de la gente se tiene en cuenta.
El Consejo de Europa y otros organismos europeos ven con buenos ojos -y dentro de la legalidad- esta clase de iniciativas políticas. ¿Por qué incomoda tanto en los círculos políticos, judiciales o mediáticos de Madrid que se consulte a la ciudadanía cívicamente?
Sé que en muchos Estados y países se asume con mucha naturalidad la idea de consultar a la ciudadanía. No interiorizarlo aquí con normalidad es un error. Ahora que estamos elaborando esta ley desde Catalunya y, como es lógico, contando con el apoyo y el asesoramiento de juristas reconocidos -del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y de otros equipos de juristas-, creo que hay pocas excusas para permitir que se construyan diques contra la voz de la ciudadanía. También estamos comparando las legislaciones de otros países de nuestro entorno y sus prácticas políticas, y estamos comprobando que en lo que compete a la ciudadanía, se ejercita el derecho a decidir en muchos ámbitos para que la gente de la calle pueda implicarse en la vida pública y en la política. El camino va en esta dirección; hacer lo contrario es poner piedras en la senda de la democracia.
¿Debería ser más respetuoso el Gobierno español con las iniciativas que buscan fortalecer la democracia participativa?
El Gobierno español debe moderarse: tiene que tomar decisiones más respetuosas con el entorno institucional, incluso no fomentando la crispación entre instituciones. Creo que es un grave error utilizar el TC como si se tratara de un engranaje más de los intereses gubernamentales de España. Se dedican a marcar el calendario de sus deliberaciones, el calendario de sus sentencias en función de la coyuntura o de la oportunidad política partidaria. Ni en el caso de Euskadi ni en el de Catalunya, deben hacer lo que hacen en financiación, política lingüística o con las leyes de consulta. ¿Qué sentido tiene que el TC prohiba la Ley de Consulta del lehendakari? Ninguno. Por tanto, me parece que el sentido común tiene que empezar a primar: corresponde al TC marcar sus tiempos en sintonía con el sentido común, es decir, de forma que el 25 de octubre se pueda celebrar la consulta en Euskadi.
Como dijo el lehendakari, "no divide a la sociedad quien pregunta, sino quien prohibe consultar".
Exacto, eso es lo que se tiene que tener en cuenta.
Uste dice que el proyecto de ley que maneja su departamento es jurídicamente impecable, ¿pero qué trabas le pueden encontrar?
Efectivamente, nosotros conocemos las competencias que nos marca el Estatut y la Constitución española, por tanto queremos elaborar una ley para ser utilizada, y no para tenerla en la estantería. Estamos haciendo una Ley de Consultas Populares impecable con la legislación vigente. El TC no debería tener ningún problema en darle el visto bueno.
El proyecto de ley tiene encaje en el Estatut, pero con toda la que ha llovido sobre el Estatut -que sigue bloqueado a la espera de que se pronuncie el TC-, ¿de verdad cree que desde Madrid serán benevolentes con sus intenciones?
Habrá que esperar, pero lo que vemos en Madrid es bastante sombrío. No entendemos el revuelo que se forma cuando en democracia se toman determinadas medidas. Y tenemos muchos ejemplos. El Estatut lo podemos ejercitar y lo tenemos que exprimir como una naranja en todas nuestras competencias: como por ejemplo, con los referéndums y la organización de ellos.
El Estatut recoge la competencia de convocar referéndos y consultas, ¿no son dos elementos que pueden levantar sospechas para los miembros del Tribunal Constitucional?
No tendría que serlo, la intención es elaborar una norma que quepa en el marco estatutario y en el constitucional. Queremos ejercer nuestras competencias al máximo, y estos elementos no tendrían por qué incomodar a ningún tribunal. Hay aspectos legítimos que recoge el Estatut y que se están poniendo en tela de juicio, como es el caso de la financiación autonómica. El sábado día 9, finalizó el calendario establecido en el Estatut para acordar el modelo concreto de financiación para Catalunya. De momento, lo que hay es que no se respeta el sistema de financiación acordado, lo que supone un recorte de las competencias y de la soberanía de Catalunya.
Tienen trabas en la financiación, en el autogobierno... ¿les recortan siempre competencias desde Madrid?
¿Qué pretenden en Madrid, pasar el cepillo que Alfonso Guerra ya utilizó en las Cortes españolas? El Estatut es una Ley Orgánica y hay que cumplirla. La negociación ya se produjo en su día, con un alto coste para los intereses de Catalunya, por lo tanto, ahora no se trata de una renegociación, sino que se trata de cumplir con la financiación. Si en una cuestión de financiación hay tantas dificultades, espero que no suceda lo mismo con la Ley de Consultas. En Madrid tienen que saber que la consulta es muy positiva para la cohesión de Catalunya.
Tuesday, September 2, 2008
ESPAÑA: Democracia Directa por Internet
Democracia Directa
FRANCÍ XAVIER MUÑOZ SÁNCHEZ - Madrid - 05/08/2008
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/opinion/Democracia/directa/elpepuopi/20080805elpepiopi_13/Tes
El Gobierno acaba de anunciar un proyecto que estudia hacer factible el voto electrónico por Internet para los emigrantes españoles. Este sistema se utiliza en Suiza desde 2005, lo que demuestra que Internet se puede poner al servicio de una democracia directa. El por qué no quieren los políticos, de momento, plantearse esta posibilidad es algo que habría que preguntarle a ellos, pero sin duda se podría crear una página web oficial donde cada Gobierno o Administración (europea, nacional, autonómica y local) abriera la posibilidad de que los ciudadanos nos registráramos en ella con usuarios y contraseñas, y de este modo pudiera consultar nuestra opinión acerca de cualquier medida, proyecto o idea que quisiera sacar adelante. Las democracias actuales son representativas e indirectas. Internet abre el camino para que, algún día, sigan siendo representativas pero directas. ¿O es que los políticos tienen miedo a conocer nuestra opinión sin el mensaje interpretativo que se le da siempre a los votos?.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/opinion/Democracia/directa/elpepuopi/20080805elpepiopi_13/Tes
El Gobierno acaba de anunciar un proyecto que estudia hacer factible el voto electrónico por Internet para los emigrantes españoles. Este sistema se utiliza en Suiza desde 2005, lo que demuestra que Internet se puede poner al servicio de una democracia directa. El por qué no quieren los políticos, de momento, plantearse esta posibilidad es algo que habría que preguntarle a ellos, pero sin duda se podría crear una página web oficial donde cada Gobierno o Administración (europea, nacional, autonómica y local) abriera la posibilidad de que los ciudadanos nos registráramos en ella con usuarios y contraseñas, y de este modo pudiera consultar nuestra opinión acerca de cualquier medida, proyecto o idea que quisiera sacar adelante. Las democracias actuales son representativas e indirectas. Internet abre el camino para que, algún día, sigan siendo representativas pero directas. ¿O es que los políticos tienen miedo a conocer nuestra opinión sin el mensaje interpretativo que se le da siempre a los votos?.
Monday, August 25, 2008
GUATEMALA: Consultas Populares en Sipakapa
Este articulo cuenta bien la historia de la lucha en Sipakapa en contra a la impresa minera Glamis Gold y el exito de las consultas populares en las comunidades afectadas, una forma de la democracia directa y participativa. - Editor
¿Qué ocurre en Sipakapa?
Miguel Ángel Sandoval
03:26h. del Domingo, 27 de julio.
Fuente: http://www.larepublica.es/spip.php?article11890
Sipakapa es un municipio de Guatemala. Desconocido por todos en nuestro pequeño país, y por supuesto en el mundo, hasta que una empresa extractora de oro, la Glamis Gold, que en Guatemala se llama Montana, se instaló en sus alrededores y dio inicio la violaron de los derechos de las comunidades indígenas, la depredación del medio ambiente y la burla a la soberanía nacional.
A partir de entonces, supimos que en esa comunidad de San Marcos se hablaba junto con el castellano, el sipakapense y que existía una cultura indígena digna de todo el respeto posible. Pero lo que importa en este artículo, no es que se haya instalado esa empresa, pues finalmente lo hacen en cualquier lugar del mundo y no-pasa nada. Pero en Sipakapa, se realizó la primer consulta popular directa y dio inició lo que se puede considerar la mayor y mejor expresión de democracia directa en el continente y creo que más allá. Veamos.
En el 18 de junio de 2005 tuvo lugar en Sipakapa una consulta popular que dijo con claridad que no quería explotación de minas a cielo abierto. Y se lo dijo a un país que no quería saber nada de movimientos desestabilizadores, ni nada que oliera a problemas con el gobierno. Pero sentó un precedente de suma importancia. A partir de entonces se han desarrollado unas 25 consultas populares en igual cantidad de municipios. En unos casos, la mayoría, para oponerse de manera clara a la minería. En otros, para decir no a proyectos hidroeléctricos, y en uno muy especial, a una cementera.
En todos los casos las comunidades han invocado, como en Sipakapa, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, que constituye el primer instrumento legal que en términos jurídicos avala derechos indígenas, entre los cuales el derecho a las consultas informadas. Y en el ámbito interno, se ha utilizado el derecho de las municipalidades a realizar Cabildos Abiertos y otras formas de consulta con la ciudadanía.
Es decir, que se trata de procesos populares y democráticos, absolutamente legales, y en ello reside su originalidad y su fuerza. No se trata de movimientos ilegales, subversivos, menos terroristas, sino que se trata de consultas democráticas, absolutamente legales, inscritos en la legislación nacional e internacional. En lo que el Estado y la constitución política del país acepta y dice respetar, pero que dos gobiernos no respetan porque anteponen los sacrosantos derechos de las multinacionales y señalan que un municipio y una consulta, no sustituyen los derechos de la mayoría de intereses del Estado. Pero ocurre que son 25 consultas en municipios y la ola de democracia directa continúa. Por ello Sipakapa es un paradigma, no solo guatemalteco sino a nivel mundial. Es la práctica de la democracia directa. Nada más que eso. Pero, nada menos.
En síntesis lo que Sipakapa, en una consulta democrática decidió fue que no querían minería de cielo abierto para la explotación del oro, porque contaminaba el agua, afectaba la salud de la comunidad y otros pueblos vecinos y constituía un mal negocio para el país. De acuerdo con actual código de minas, el país tiene derecho a una regalía de uno por ciento, dividido en 50% para la comunidad y 50% para el gobierno. Por ello en Sipakapa se dice habría que cambiar la ley por medio de la cual esta compañía opera en Guatemala.
Hace apenas dos días, una campaña de radio de la empresa minera convoca a los viejos demonios represivos y ello tiene eco en medios de comunicación en donde columnistas conservadores hacen llamados a los cuarteles del ejército y la policía para que eviten las demostraciones populares de pueblos como Sikapaka que se opongan a la minería de cielo abierto o a hidroeléctricas que ponen en riesgo de miles de familias por las inundaciones que las mismas generarían. No esta demás recordar que en Guatemala en 1980, la hidroeléctrica más emblemática, fue construida luego de la masacre de unas 250 personas que se oponía a la pérdida de sus tierras y viviendas como finalmente ocurrió. Es la historia que se puede ver en el rechazo de las gentes.
Finalmente, en Sipakapa, San Marcos, la empresa Montana esta en pie de guerra y con la utilización de los viejos temores, convoca por medio de la radio a los soldados y policías a la defensa de sus intereses, para lo cual tienen eco como se señala, en los neoliberales de toda la vida. Es lo que no se atreven a decir cuando acuden a llamados vacíos al estado de derecho.
En el fondo de sus renovadas amenazas se encuentra el reinventado argumento que intenta descalificar y criminalizar al obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini, quien desde el pulpito y el trabajo pastoral ha dicho que en Guatemala hace falta un nuevo código de minas para que el país no siga siendo expoliado, saqueado, que se acepte y respete el resultado de las consultas populares, y que se pronuncie en contra de los supuestos beneficios de la globalización. En ello reside el interés social, político y global de lo que ocurre en Sipakapa.
Wednesday, August 13, 2008
MEXICO: Derechos civiles y Participación Ciudadana en la capital
■ La Carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad, basada en el movimiento urbano ■ Ejercicio de la ciudadanía, función social de la tierra y democracia, entre los puntos a tocar El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, se comprometió con organizaciones de la sociedad civil a escuchar sus propuestas y presentar las de su administración para elaborar la Carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad, e invitar a la Asamblea Legislativa a participar para darle valor jurídico. Al asistir a la instalación del Grupo Convocante al Foro por el Derecho a la Ciudad, en el ex Templo de Corpus Christi, Ebrard dijo que se debe establecer un instrumento que defina obligaciones, políticas públicas y formas de gestión diferentes, construido desde el mismo movimiento urbano popular. Enrique Ortiz Flores, presidente de la Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina Nacional para América Latina (HIC-AL), planteó seis fundamentos para armar este documento como una estrategia, más que como un programa para el manejo de la ciudad con una perspectiva de los derechos humanos. El primero de ellos, dijo, es “el ejercicio pleno de la ciudadanía”, como la realización plena de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, para todos; el segundo es “la función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad”, que en otros países, como Brasil, ha dado fundamento a la elaboración de instrumentos para el control del suelo, de la especulación, de captación de plusvalías, para evitar que la tierra sea inaccesible a la gente. El tercero es “la gestión democrática de la ciudad”, y en este punto aludió al ejercicio de participación ciudadana del domingo pasado, en el que la población opinó con relación a la reforma energética que se debate en el Congreso, y que significa nuevas formas y prácticas de participación de la comunidad en las decisiones de la ciudad. “No se trata simplemente de cómo fortalecemos la democracia participativa, sino de abrir cauce a instrumentos de democracia directa y a la democracia distributiva”, apuntó. El cuarto fundamento es “la producción democrática de la ciudad”, reconociendo el esfuerzo social que hay detrás de la producción social del hábitat y al cual se debe encauzar y darle apoyo, porque no todo se ha hecho a partir de los desarrolladores inmobiliarios y que tiene que ver también con la iniciación productiva de los jóvenes en la economía de la ciudad. Como quinto fundamento estratégico señaló “el manejo sustentable y responsable de los recursos naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y de su entorno”, y finalmente, “el disfrute democrático y equitativo de la ciudad”. Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, señaló que la construcción de la Carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad, refleja un cambio en el proceso democrático de la entidad, al unificar la forma de aplicar y ejercer los derechos humanos mediante un pacto político-social en el que participa la sociedad civil, los organismos autónomos, el gobierno, las instancias educativas, entre otras.
El gobierno del distrito federal con la participación de las organizaciones de la sociedad civil esta elaborando un documento que se llama La Carta de la Ciudad de Mexico por el Derecho a la Ciudad. Por una parte habla del fortalecimiento de la democracia directa, segun el ejemplo de la reciente consulta energetica. Esta Carta puede ser un pacto productivo para la gente pero solamente si aprovechan del poder politica que les ofrecen los políticos en la forma de más oportunidades para participar en el proceso, y más plebescitos y referendos. Si el pueblo no se mobiliza para usar su poder, pierde oportunidades importantes en la lucha. - EditorInvita Ebrard a crear pacto para aplicar y ejercer los derechos civiles en la capital
Saturday, August 9, 2008
PARAGUAY: Lugo y la Democracia Participativa
La elección de Fernando Lugo en Paraguay puede, despues de decadas, romper la cadenas de la represión politica en el pais. Estos dos articulos demostran la posibilidad que existe de lograr una democracia participativa y directa en Paraguay bajo el liderazgo de Lugo. El primero habla de la ley de participación ciudadana que ya se está formando, y el segundo es un discurso que Lugo dió en 2007 donde habla de la importancia de la democracia participativa en America Latina.- Editor
Paraguay: Impulsan proyecto de ley de participación ciudadana
El senador Carlos Filizzola accedió a patrocinar en la Cámara Alta el Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, promovido por la Federación de Entidades Vecinalistas del Área Metropolitana y del Bajo Chaco (FEDEM), con el que se busca institucionalizar los mecanismos de participación civil en el proceso de fortalecimiento de la democracia.
El legislador recibió el documento base de manos del titular del citado organismo comunal, señor Mariano Bareiro Soria.
El senador Carlos Filizzola accedió a patrocinar en la Cámara Alta el Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, promovido por la Federación de Entidades Vecinalistas del Área Metropolitana y del Bajo Chaco (FEDEM), con el que se busca institucionalizar los mecanismos de participación civil en el proceso de fortalecimiento de la democracia.
El legislador recibió el documento base de manos del titular del citado organismo comunal, señor Mariano Bareiro Soria.
El Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana costa de 84 artículos y fue elaborado a lo largo del período 2005-2006, tras una serie de deliberaciones practicadas conjuntamente entre las Comisiones Vecinales y las Contralorías Ciudadanas de todo el país.
La iniciativa busca institucionalizar los mecanismos de participación ciudadana ya implementados por los gobiernos locales y departamentales, así como por las Cámaras del Congreso en lo referente a la realización de audiencias públicas, acceso a la información pública, fortalecimiento de la formación cívica ciudadana, etcétera.
El senador Carlos Filizzola fue designado por la FEDEM para impulsar el estudio y posterior aprobación de la normativa en el Senado, habida cuenta de la importante experiencia adquirida con el trabajo de las comisiones durante su época de Intendente de Asunción.“Estoy dispuesto a apuntalar desde el Senado la sanción de este proyecto de Ley, muy importante para fortalecer la democracia en nuestro país. Conozco el tema y voy a trabajar de cerca con la FEDEM, pues se busca estimular la participación de la gente en su comunidad, barrio o ciudad, involucrándola en lo que hace a la participación en los distintos estamentos y niveles”, destacó el senador Filizzola.
Agregó que la FEDEM hizo un trabajo participativo al elaborar el anteproyecto, por lo que a partir de ahora sólo resta darle ingreso oficial al Senado de manera a abrir el debate en la instancia parlamentaria.
Por su parte, el Presidente de la FEDEM, Mariano Bareiro Soria, destacó que la nueva legislación pretende dar continuidad a un modelo de democracia más participativa, independientemente de los cambios coyunturales o las voluntades políticas.“Amparamos esta presentación en el artículo 1º de la Constitución Nacional, donde se habla de un Estado representativo y participativo”, aclaró.
Añadió que, además, la normativa plantea la posibilidad de instalar el referéndum y las iniciativas populares para presentar proyectos de leyes, en la búsqueda de una institucionalización completa de la estructura del Estado paraguayo que incorpore la participación ciudadana. Bareiro Soria apuntó que la FEDEM representa a mil comisiones vecinales de todo el territorio nacional, por lo que se espera un eco favorable en el Legislativo.
Fuente: http://www.jakueke.com/
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Definición ideológica de Fernando Lugo en su discurso en Ecuador
ABC digital
Fuente: http://www.noticiasdelsur.com/nota.php?nota=2503
Transcripción del discurso del candidato presidencial Fernando Lugo, pronunciado durante el Foro del Socialismo del Siglo XXI, el 25 de agosto
Muy buenas noches a todos y todos, señor Presidente de mi querido país Ecuador, estimados panelistas, no puedo ocultar la emoción que siento esta noche al poder dirigirme a ustedes.
Fernando Lugo, candidato a presidente de la República del Paraguay, es el mismo que allá por la década del setenta recorría la campiña de Bolívar a mula, a pie o en moto, que vino a llevar ese mensaje que le da la redención de Jesús; y creo que ayer comenzábamos a hablar y que no es casualidad que hoy estamos en la Iglesia, una Iglesia con signos de contradicción, con sus luces y sombras, como lo decía ayer Manuel, no voy a reclamar que me abran las puertas; tampoco voy a reclamar hablar desde allí (apuntando al púlpito) (risas), pero sí les comento que provengo de una tradición de Bartolomé de las Casas, de San Romero de la Vecchia... y de los santos hombres y mujeres que dieron su vida por las comunidades indígenas (aplausos).
Quiero también, como la que me precedió en la palabra, referirme al tema económico del socialismo en el siglo XXI. ¿Un pastor, un obispo de campo habla de economía? Y a veces... en serio digo que en Paraguay, si soy presidente, voy a nombrar como ministra de Economía a una ama de casa porque ella es quien hace milagros con el dinero cada día, para que la comida nos alcance (aplausos y eufóricos gritos).El mundo está dividido en tres tipos de países, aquellos que gastan mucho para hacer dieta y no aumentar de peso (aplausos), aquellos cuya población come para vivir y aquellos que no saben cómo obtendrán su próxima comida.
Voltaire definía la esencia de los principios de la economía nacional resumida en una sola clase, la que un país solo puede ganar cuando otro pierde.
No puedo negar mi formación filosófica, Aristóteles ve la economía sobre toda la política, de la ética, el derecho y la historia.
En la teoría económica del filósofo Aristóteles, la economía es el nombre que se da ante la emisión cuya sustancia es la creación de los medios, que son necesarios para el sustento de la familia y el Estado; es decir, el cubrimiento de las necesidades.
Aristóteles también señala la insaciabilidad de la crematística, mientras que en la economía la separación de las necesidades, tiene un límite natural. La crematística pretende incrementar su dinero hasta el infinito.
A través de todos los cambios del Estado: imperios, dinastías, religiones y sistemas sociales, llevan a los mismos casos esenciales: el afán de obtener riqueza y poder, tanto por la aparición del comercio, la guerra y el despojo durante la transición de la economía local a la economía nacional hace como diez mil años.
Si entendemos la economía como el conjunto de todas las actividades e instituciones dedicadas a satisfacer las necesidades generales, me pregunto ¿por qué en la tierra o en el planeta prevalecen la carencia, la necesidad y la miseria? Mil millones de personas viven en prosperidad, una décima parte de ellas en la opulencia, tres mil millones en la pobreza y más de mil millones sufren hambre.
Siempre suelo repetir, muchas veces, que en la Iglesia nos hemos escandalizado cuando una niña entra con un escote o una minifalda, y no nos hemos escandalizado cuando miles de hermanos mueren de hambre (aplausos).
Si la misión de la economía consiste en satisfacer las necesidades generales mediante una planificación razonable del Estado, entendemos que tenemos que constatar que este sistema económico no cumple con su tarea. No es el crecimiento demográfico, como algunos quieren hacernos entender, ni tampoco la naturaleza o el hombre los que tienen la culpa de la creciente miseria y del hambre del sector pobre, sino nuestro sistema económico: la economía del caos en la cual los productos y servicios no se intercambian a su valor, sino al precio del mercado mundial. La economía nacional que ha probado la economía del mundo, también miles de años atrás, está llegando a su fin.
El experimento de la economía de Davos, ¿es posible entonces modificar el sistema económico, conforme al socialismo del siglo XXI? El conflicto ente los que tienen que acumular y aquellos que no tienen y son un producto empobrecido no se resolverá con teleconferencias de los ladrones globales, sino solo por la conquista del pueblo.
La tesis de Davos y la antítesis de Porto Alegre, de los movimientos de los sintierras del Brasil, del Ejército Zapatista de Liberación de México, de la Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador, de los múltiples sujetos sociales de resistencia y dignidad de Argentina, de la crisis campesina en Paraguay, del Ejército de Liberación Nacional, del Movimiento Bolivariano de Venezuela y de la Revolución Cubana, es no llevar a la síntesis de la democracia participativa por medio de la empatía y del convencimiento de todos, sino por una acumulación brutal del poder constituido que logre ser superior a la de los conservadores (aplausos).
La gran interrogante es cómo acumular este poder necesario y suficiente para volcar al mundo?, ¿cómo convertir masas populares en capacidad gobernante? Las razones son: mediante proyectos históricos, un nuevo proyecto histórico, construido por nuestras mismas comunidades. Su contenido: la democracia participativa.
Si el fantasma que recorría el mundo en el siglo XVIII era la democracia formal, hoy el fantasma que recorre la América Latina del siglo XXI es la democracia participativa.
Ha llegado el momento histórico para construir e implementar un nuevo proyecto socialista; es decir, la democracia real participativa.
¿Existen modelos históricos, no fracasados?
¿En que consiste el nuevo socialismo del siglo XXI, que hemos escuchado tratar todos los días? A veces queremos caer en la simplicidad de decir, bueno, en que las mayorías que tengan el mayor grado de decisión históricamente posible, en las instituciones económicas, políticas, culturales que tanto rige en la vida. El primer ciclo de la vida social moderna ha llegado a su fin.
Por más de 200 años, desde la revolución francesa hasta la actualidad, el género humano ha transitado por años de anarquía y la corrupción que tienen por recurso el capitalismo y neoliberalismo.
Ninguno de los dos ha logrado resolver los apremiantes problemas de la humanidad, entre la pobreza, el hambre, la explotación, delitos económicos, sexista y racista, la destrucción de la naturaleza, la presencia de la democracia real participativa.
Lo que caracteriza nuestra época es, por lo tanto, el acortamiento de los movimientos sociales a expensas de la economía del escritorio y la apertura de la sociedad global hacia una nueva civilización que es la democracia participativa.
Mucha gente se da cuenta de que el sistema de la economía de mercado no resuelve los grandes problemas de la humanidad, una sociedad y sus vehículos tienen que llevar a un estado de bienestar acelerado y el crecimiento consecutivo de la economía.
Si el vehículo no lo hace, si te falla mecánicamente, lo dejas... necesitas otro vehículo para llegar a destino; es decir, un nuevo proyecto histórico. El socialismo del siglo XXI es un nombre para que ese nuevo vehículo de la humanidad del futuro ponga orden en la democracia participativa, todos los términos que expresan los anhelos de la humanidad, justicia social y democracia real para los ciudadanos.
Quisiera hacer uso de este foro para explicarles lo que ocurre hoy en el Paraguay. El Paraguay ofrece hoy la oportunidad de salir de su encierro y superar más de 60 años de un modelo fracasado que tiene como voluntad política la decisión de no complacer a las grandes mayorías a costa de beneficios de unos pocos.
En Paraguay, la pobreza es una decisión política desde hace 60 años. En Paraguay, el gobierno es sinónimo de mediocridad, de negligencia y corrupción, efectos perversos de una concepción clientelista y personalista del Estado.
El más reciente censo agropecuario del Paraguay muestra que el 1% de los propietarios posee el 77% de las tierras, mientras que el 2 ó 3, el 40% de los agricultores poseía 7 a 10 hectáreas. Creo que este mismo esquema lo pudimos ver en toda América Latina.
Actualmente, hoy 2007, más de cuatro mil campesinos están con medidas sustitutivas de prisión por declarar el derecho, reclamar sus derechos y en esta llamada transición democrática más de 100 campesinos fueron asesinados.
La mafia es otro factor que afecta directamente la economía del campesino paraguayo. A la ...(inentendible) de ser aliado al poder político y judicial,...
En lo económico está la crispación de la crisis, lo que provoca la masiva migración de compatriotas, desintegrándose también la familia tradicional y campesina dejando, en su paso dolor y dramas.
No porque está aquí presente, pero el presidente Correa señaló que el mayor costo y fracaso de un gobierno neoliberal y la consiguiente destrucción del empleo es la migración; y en lo que respecta a su país Ecuador sostuvo que exiliados que suman millones mantienen con vida a su economía... En el Paraguay tenemos los autoexiliados buscando mejores horizontes. Y los pobres se enfrentan a diario con la corrupción.
Los componentes principales de este flagelo en Paraguay son el terrorismo de Estado, mafia aliada al poder político y la criminalización de la movilización social. En los últimos años hubo más de 50 muertes sin esclarecerse.
En Paraguay estamos construyendo todo un proceso histórico desde un liderazgo participativo y colectivo; una propuesta incluyente. La Constitución Nacional está de nuestra parte porque dice: La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. La cumplimos como primer paso, la cumpliremos como gobierno.
La legislación integral en algunos países latinoamericanos como el mío designa a los partidos como los únicos instrumentos para acceder al poder político, pero están sujetos a un sistema viciado, en poco grado podrá contribuir a que se fortalezca la democracia de las naciones. El socialismo del siglo XXI consiste en una economía democrática en la que el Estado atienda con prioridad los intereses de las mayorías ... y las otras tres formas de producción económica: las grandes empresas nacionales, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas y el movimiento cooperativista.
En Paraguay, el más exitoso emprendimiento financiero son las cooperativas... surgido de la democracia participativa de nuestras propias raíces, en nuestra propia experiencia como la revolución comunera en el Paraguay y la...
Estamos llegando a construir el socialismo del siglo XXI, un socialismo fresco y nuevo, no un pacto, legitimado, impulsando la democracia participativa, o sea la real democracia. Con nuestra conducta.
Está escrito en Santiago 42, la riqueza no tiene por base ilegal un producto pagado por el ...
Con la solidaridad de cada parte del Estado, tenemos un país y ... parte de un continente lleno de pobres que deben alimentar un Estado rico para continuar siendo pobre. Una revolución política y una revolución social deben estar acompañados por una producción económica, si no estaremos condenados a morir sin lograr el cambio.
No habrá socialismo sin transformación económica, no habrá socialismo sin una democracia participativa y protagónica en lo económico, no habrá socialismo sin ética socialista; el amor, la solidaridad, la igualdad entre todos los hombres y las mujeres, entre todos, son los elementos fundamentales del socialismo y del pueblo común.
Muchísimas gracias (aplausos).
Monday, August 4, 2008
MEXICO: PRI Rechaza por Ahora la Democracia Participativa en Michoacán
El PRI en el estado de Michoacán, Mexico ha tomado la decisión de no legislar por ahora las figuras de plebiscito, referéndum y revocación de mandato, mientras el PRD sigue luchando por estos elementos basicos del poder popular y la democracia directa y participativa. - Editor
Rechaza el PRI legislar sobre participación ciudadana
Para el legislador Martín Cardona Mendoza hay otras prioridades como educación, salud y seguridad pública
Martes 29 de Julio de 2008
Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=83523
La fracción del PRI descarta presentar una iniciativa de Ley que regule las figuras de participación ciudadana en Michoacán, mientras que el PRD será quien impulse el proyecto pero sigue sin tener fecha para hacerlo.
El diputado local del PRI, Martín Cardona Mendoza manifestó que Michoacán no está preparado para legislar las figuras de plebiscito, referéndum y revocación de mandato por la cultura “politizada que se tiene entre los diferentes grupos”.
Asimismo, manifestó que existen otras prioridades que requieren atención como es el tema de educación, seguridad pública y salud, en lugar de regular acciones que “se prestarían para manipulaciones políticas siempre a favor del partido que esté en el poder”.
“Lamentablemente tenemos una cultura de manifestaciones, plantones y movilizaciones, donde podría resultar contraproducente reglamentar estas figuras jurídicas porque en lugar de resolver los problemas los incrementaría al haber grupos inconformes de diferentes partidos o intereses que buscaría destituir a las autoridades o servidores públicos”.
Asimismo, consideró fundamental contar con una sociedad educada e informada de los problemas de la entidad, de lo contrario el consultar a las personas no tiene sentido si desconocen del tema que opinan.
Por su parte, el coordinador del PRD, Raúl Morón Orozco, señaló que su fracción ya tiene lista la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana a través de la cual se reglamenta las figuras de la democracia que permite a los ciudadanos opinar, misma que podría ser presentada cuando los diputados regresen de vacaciones y se reanuden las sesiones a mediados de agosto.
Con ello, el legislador perredistas espera sensibilidad de las otras fuerzas políticas para discutir el tema a fin de avanzar en la democracia participativa que permitirá a los michoacanos involucrarse en las decisiones de las autoridades.
Raúl Morón expresó que entre las figuras de participación que han causado polémica con las demás fuerzas políticas se encuentra la revocación de mandato así como la constitución de los consejos populares.
Tuesday, July 29, 2008
MEXICO: La Consulta Popular Energética
La consulta energética que tuvo lugar en Mexico este Domingo pasado resultó en un profundo 'NO' a la privatización del la empresa petrolera del estado PEMEX. Aunque la consulta no fue vinculante, tiene impacto politico por que sirve para dar voz a la opinión del pueblo y así los representantes elegidos del pueblo sentirán bastante presión respetar esa voz. Ademas, la consulta fue una buena oportunidad para educar el pueblo Mexicano sobre el funcionamiento de la democracia directa, y sus beneficios. Estos dos articulos proveen más detalles y análisis. - Editor
La consulta como una modalidad de la democracia directa
RAMÓN GUZMÁN RAMOS
RAMÓN GUZMÁN RAMOS
Fuente: http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2008/07/27/index.php?section=opinion&article=002a1pol
La democracia representativa parte del principio de que el pueblo delega sus facultades de decisión a representantes que son elegidos, por medio del voto universal, directo y secreto, en procesos electorales. Por encima de sus intereses políticos y sus filiaciones ideológicas, estos representantes populares tendrían que moverse en las instancias parlamentarias en función del interés nacional. Se trata de una democracia representativa, sin embargo, en la que se ha producido un distanciamiento enorme entre los legisladores y la sociedad. Las relaciones de representatividad se han roto y el carácter representativo de esta democracia simplemente se esfuma.
Los legisladores del PAN y del PRI apelaban, precisamente, al argumento de la democracia representativa, apoyados ferozmente por los grandes medios de información, para negarse a abrir el debate a la participación directa de la sociedad, nada menos que sus representados. Decían que ellos habían recibido ya las facultades par tomar decisiones de la sociedad y que podían hacerlo por sí mismos, sin necesidad de consultar a sus electores. Era una cuestión de los diputados y los senadores, no de la chusma.
Mal entendida y mal aplicada, la democracia representativa se ha convertido en un sistema de toma de decisiones en donde sólo participan quienes han recibido sus constancias de mayoría en los procesos electorales y no se sienten obligados a consultar con sus electores las cuestiones que se analizan y se resuelven en las instancias legislativas. Esto es algo que el pueblo sabe y resiente. De ahí la consecuencia: la crisis de credibilidad en este sistema político se hace cada vez más grande, creíamos que irresoluble en sus propios términos, alejando a los ciudadanos de las urnas, quienes buscan y construyen sus propias formas de organización para participar con su presencia directa en los asuntos que a todos conciernen.
La acción que realizaron los legisladores del FAP en su momento, cuando decidieron tomar las tribunas del Congreso para exigir un debate abierto a la sociedad sobre la iniciativa de Calderón, le inyectó a esta democracia representativa nuevo vigor. Desde el Congreso de la Unión un porcentaje considerable de legisladores planteaba la demanda de extender corredores hacia la sociedad civil, es decir, la reconstrucción de los puentes entre la clase política, que se nos ha estado convirtiendo en una aristocracia de élite, y la sociedad en su conjunto. La iniciativa de Calderón es un asunto de profundo interés nacional, algo que no se puede resolver respondiendo a intereses de las empresas trasnacionales, que han acumulado riquezas inmensas a costa de saquear los recursos naturales en el mundo, sino con la participación de todos los mexicanos. Era hora de combinar las tres modalidades fundamentales de toda democracia que se precie: la representativa, la participativa y la directa.
Pero esa acción de los legisladores del FAP no hubiera sido posible, ni hubiera alcanzado el objetivo que se propuso, sin la existencia de otro factor fundamental: la movilización ciudadana. Muchos creyeron que tras el fraude de 2006, o mejor dicho, tras el golpe de Estado anticipado que se orquestó y se consumó en su contra, Andrés Manuel López Obrador se quedaría eclipsado. Pero el presidente legítimo –ahora hasta la expresión ha sido prohibida, seguramente para que la desmemoria se imponga– se dedicó a recorrer los municipios y los territorios del país. Una campaña que a muchos les pareció frenética, como si se hubiera tratado de un escape de la realidad. El caso es que López Obrador aprendió la experiencia y se propuso darle a toda esa simpatía de millones de ciudadanos que lo respaldan una expresión organizada.
Ya no se trataba sólo de llenar el Zócalo con esa rebeldía popular que provenía de todos los rincones del país. Había que construir en el recorrido una estructura organizativa que le diera articulación al descontento y a la voluntad de luchar por un país mejor. Y ha sido esta organización ciudadana lo que ha permitido detener la privatización de nuestro petróleo. La toma de las tribunas del Congreso de la Unión por parte del FAP se vio respaldada por una enorme y poderosa movilización de cientos de miles de ciudadanos.
Vimos en ese momento lo que parecía ya inconcebible en el país: la vinculación dinámica, interactiva, dialéctica, democrática, vigorosamente combativa, entre la acción parlamentaria y la movilización ciudadana.
Los privatizadores se vieron obligados a ceder. Se abrió un espacio especial para que el debate tuviera lugar en el Senado. Especialistas de diversas áreas relacionadas con el petróleo acudieron a expresar sus enfoques y sus análisis con respecto a la iniciativa de Calderón. La mayoría de ellos ha coincidido en que se trata de un intento por abrir Pemex a la participación de las empresas privadas, con lo que se estaría cediendo soberanía nacional, ya que intereses particulares estarían interviniendo en las decisiones que en adelante se tomen sobre nuestros recursos energéticos. El debate fue una conquista democrática. Poco a poco ha bajado a otros niveles y ámbitos de la sociedad. Ha servido para mantener vivo el interés de la población en el tema y para que la gente pueda hacerse de un criterio más fundamentado al respecto.
Pero siempre fue obvio que el debate no era suficiente para detener la reforma petrolera. Podría pasar que a la hora de las votaciones el PAN y el PRI ignoren los resultados del debate y retomen su postura original, o incluso que se intentara filtrar una nueva modalidad privatizadora a través del PRI. Sería un acto de traición al pueblo mexicano, pero igual lo harían. Es algo que ha advertido con precisión Andrés Manuel López Obrador. Por eso mantiene en alerta máxima al movimiento ciudadano. De ahí la demanda de pasar del debate a la consulta popular. De la democracia participativa a la democracia directa. Que la sociedad exprese su voluntad con respecto a la reforma y que los legisladores acaten su mandato. Pero hemos visto el tamaño del miedo que los privatizadores expresan hacia el pueblo. Un miedo que disfrazan con su menosprecio reaccionario. Lo que dicen ahora es que la iniciativa es una cuestión de los expertos y los legisladores, y que la gente común, como nosotros, no tenemos la capacidad para tomar una decisión así
El principio de toda democracia es que la soberanía del país reside esencialmente en el pueblo. El pueblo delega esta función a los legisladores y gobernantes que son elegidos en procesos electorales. Pero a condición de que éstos representen con fidelidad los intereses auténticos de la nación. De no ser así, entonces el pueblo tiene el derecho, consagrado incluso en la Constitución, de cambiar la modalidad del sistema político y recuperar la soberanía para que regrese a su fuente original. Es a lo que le temen realmente los privatizadores neoliberales. Se han colocado por encima de este principio fundamental y se proponen instaurar ya una nueva dictadura de partido, como la que mantuvo durante más de siete décadas el PRI. La consulta, entonces, tiene una significación histórica. Esto lo sabe el pueblo. Por eso se moviliza y se mantiene dispuesto a defender la soberanía nacional con las acciones que se requieran. La consulta popular sobre la iniciativa de reforma petrolera es hoy un ejercicio de participación ciudadana que dejará un precedente histórico para darle a nuestra democracia un nuevo tirón.
Los órganos electorales de la federación y de los estados, a excepción del Distrito Federal, se negaron a organizar directamente la consulta. Esto incluye a nuestra entidad. El Instituto Electoral de Michoacán expresó su negativa a hacerse cargo de este proceso de recuperación de nuestra democracia. Ni siquiera aceptó dar asesoría y capacitación para que el movimiento ciudadano, que crece exponencialmente en todo el país, lo hiciera por su cuenta con las herramientas apropiadas. Estos órganos electorales esgrimen argumentos que se caen por sí solos. Que no hay leyes que contemplen una modalidad de la participación social como ésta. Pero habría que recordarles una y otra vez que tampoco hay leyes que lo prohíban. A final de cuentas, lo que sucede es que los órganos electorales han terminado por alinearse en las filas de los privatizadores. También por omisión se atenta contra el destino soberano de nuestro país.
Pero la consulta va a pesar de todo. Más de mil 200 mesas serán instaladas hoy en todos los municipios de la entidad –a excepción de Cherán– para que los ciudadanos acudamos a expresar nuestra opinión con respecto a las intenciones del gobierno federal de privatizar Pemex. Lo que hay que procurar es que la consulta tenga credibilidad. Esto sólo se logra si los organizadores y los participantes procuramos que se dé en un ambiente de participación y de transparencia que no deje dudas. Sólo así la consulta, a pesar de la ausencia de los órganos electorales, podrá contar con la legitimidad que sólo el pueblo le puede otorgar a las decisiones colectivas.
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Entrevista con el Doctor Luis Daniel Vázquez, especialista en democracia
“La consulta energética sólo tendrá impacto político menor”
Fuente: http://eleconomista.com.mx/politica/2008/07/25/653/%E2%80%9Cla-consulta-energetica-solo-tendra-impacto-politico-menor%E2%80%9D/
La consulta ciudadana y el plebiscito son herramientas democráticas muy valiosas, pero cuando tienen el consenso de todas las fuerzas políticas, opina el experto del FLACSO.
La democracia representativa parte del principio de que el pueblo delega sus facultades de decisión a representantes que son elegidos, por medio del voto universal, directo y secreto, en procesos electorales. Por encima de sus intereses políticos y sus filiaciones ideológicas, estos representantes populares tendrían que moverse en las instancias parlamentarias en función del interés nacional. Se trata de una democracia representativa, sin embargo, en la que se ha producido un distanciamiento enorme entre los legisladores y la sociedad. Las relaciones de representatividad se han roto y el carácter representativo de esta democracia simplemente se esfuma.
Los legisladores del PAN y del PRI apelaban, precisamente, al argumento de la democracia representativa, apoyados ferozmente por los grandes medios de información, para negarse a abrir el debate a la participación directa de la sociedad, nada menos que sus representados. Decían que ellos habían recibido ya las facultades par tomar decisiones de la sociedad y que podían hacerlo por sí mismos, sin necesidad de consultar a sus electores. Era una cuestión de los diputados y los senadores, no de la chusma.
Mal entendida y mal aplicada, la democracia representativa se ha convertido en un sistema de toma de decisiones en donde sólo participan quienes han recibido sus constancias de mayoría en los procesos electorales y no se sienten obligados a consultar con sus electores las cuestiones que se analizan y se resuelven en las instancias legislativas. Esto es algo que el pueblo sabe y resiente. De ahí la consecuencia: la crisis de credibilidad en este sistema político se hace cada vez más grande, creíamos que irresoluble en sus propios términos, alejando a los ciudadanos de las urnas, quienes buscan y construyen sus propias formas de organización para participar con su presencia directa en los asuntos que a todos conciernen.
La acción que realizaron los legisladores del FAP en su momento, cuando decidieron tomar las tribunas del Congreso para exigir un debate abierto a la sociedad sobre la iniciativa de Calderón, le inyectó a esta democracia representativa nuevo vigor. Desde el Congreso de la Unión un porcentaje considerable de legisladores planteaba la demanda de extender corredores hacia la sociedad civil, es decir, la reconstrucción de los puentes entre la clase política, que se nos ha estado convirtiendo en una aristocracia de élite, y la sociedad en su conjunto. La iniciativa de Calderón es un asunto de profundo interés nacional, algo que no se puede resolver respondiendo a intereses de las empresas trasnacionales, que han acumulado riquezas inmensas a costa de saquear los recursos naturales en el mundo, sino con la participación de todos los mexicanos. Era hora de combinar las tres modalidades fundamentales de toda democracia que se precie: la representativa, la participativa y la directa.
Pero esa acción de los legisladores del FAP no hubiera sido posible, ni hubiera alcanzado el objetivo que se propuso, sin la existencia de otro factor fundamental: la movilización ciudadana. Muchos creyeron que tras el fraude de 2006, o mejor dicho, tras el golpe de Estado anticipado que se orquestó y se consumó en su contra, Andrés Manuel López Obrador se quedaría eclipsado. Pero el presidente legítimo –ahora hasta la expresión ha sido prohibida, seguramente para que la desmemoria se imponga– se dedicó a recorrer los municipios y los territorios del país. Una campaña que a muchos les pareció frenética, como si se hubiera tratado de un escape de la realidad. El caso es que López Obrador aprendió la experiencia y se propuso darle a toda esa simpatía de millones de ciudadanos que lo respaldan una expresión organizada.
Ya no se trataba sólo de llenar el Zócalo con esa rebeldía popular que provenía de todos los rincones del país. Había que construir en el recorrido una estructura organizativa que le diera articulación al descontento y a la voluntad de luchar por un país mejor. Y ha sido esta organización ciudadana lo que ha permitido detener la privatización de nuestro petróleo. La toma de las tribunas del Congreso de la Unión por parte del FAP se vio respaldada por una enorme y poderosa movilización de cientos de miles de ciudadanos.
Vimos en ese momento lo que parecía ya inconcebible en el país: la vinculación dinámica, interactiva, dialéctica, democrática, vigorosamente combativa, entre la acción parlamentaria y la movilización ciudadana.
Los privatizadores se vieron obligados a ceder. Se abrió un espacio especial para que el debate tuviera lugar en el Senado. Especialistas de diversas áreas relacionadas con el petróleo acudieron a expresar sus enfoques y sus análisis con respecto a la iniciativa de Calderón. La mayoría de ellos ha coincidido en que se trata de un intento por abrir Pemex a la participación de las empresas privadas, con lo que se estaría cediendo soberanía nacional, ya que intereses particulares estarían interviniendo en las decisiones que en adelante se tomen sobre nuestros recursos energéticos. El debate fue una conquista democrática. Poco a poco ha bajado a otros niveles y ámbitos de la sociedad. Ha servido para mantener vivo el interés de la población en el tema y para que la gente pueda hacerse de un criterio más fundamentado al respecto.
Pero siempre fue obvio que el debate no era suficiente para detener la reforma petrolera. Podría pasar que a la hora de las votaciones el PAN y el PRI ignoren los resultados del debate y retomen su postura original, o incluso que se intentara filtrar una nueva modalidad privatizadora a través del PRI. Sería un acto de traición al pueblo mexicano, pero igual lo harían. Es algo que ha advertido con precisión Andrés Manuel López Obrador. Por eso mantiene en alerta máxima al movimiento ciudadano. De ahí la demanda de pasar del debate a la consulta popular. De la democracia participativa a la democracia directa. Que la sociedad exprese su voluntad con respecto a la reforma y que los legisladores acaten su mandato. Pero hemos visto el tamaño del miedo que los privatizadores expresan hacia el pueblo. Un miedo que disfrazan con su menosprecio reaccionario. Lo que dicen ahora es que la iniciativa es una cuestión de los expertos y los legisladores, y que la gente común, como nosotros, no tenemos la capacidad para tomar una decisión así
El principio de toda democracia es que la soberanía del país reside esencialmente en el pueblo. El pueblo delega esta función a los legisladores y gobernantes que son elegidos en procesos electorales. Pero a condición de que éstos representen con fidelidad los intereses auténticos de la nación. De no ser así, entonces el pueblo tiene el derecho, consagrado incluso en la Constitución, de cambiar la modalidad del sistema político y recuperar la soberanía para que regrese a su fuente original. Es a lo que le temen realmente los privatizadores neoliberales. Se han colocado por encima de este principio fundamental y se proponen instaurar ya una nueva dictadura de partido, como la que mantuvo durante más de siete décadas el PRI. La consulta, entonces, tiene una significación histórica. Esto lo sabe el pueblo. Por eso se moviliza y se mantiene dispuesto a defender la soberanía nacional con las acciones que se requieran. La consulta popular sobre la iniciativa de reforma petrolera es hoy un ejercicio de participación ciudadana que dejará un precedente histórico para darle a nuestra democracia un nuevo tirón.
Los órganos electorales de la federación y de los estados, a excepción del Distrito Federal, se negaron a organizar directamente la consulta. Esto incluye a nuestra entidad. El Instituto Electoral de Michoacán expresó su negativa a hacerse cargo de este proceso de recuperación de nuestra democracia. Ni siquiera aceptó dar asesoría y capacitación para que el movimiento ciudadano, que crece exponencialmente en todo el país, lo hiciera por su cuenta con las herramientas apropiadas. Estos órganos electorales esgrimen argumentos que se caen por sí solos. Que no hay leyes que contemplen una modalidad de la participación social como ésta. Pero habría que recordarles una y otra vez que tampoco hay leyes que lo prohíban. A final de cuentas, lo que sucede es que los órganos electorales han terminado por alinearse en las filas de los privatizadores. También por omisión se atenta contra el destino soberano de nuestro país.
Pero la consulta va a pesar de todo. Más de mil 200 mesas serán instaladas hoy en todos los municipios de la entidad –a excepción de Cherán– para que los ciudadanos acudamos a expresar nuestra opinión con respecto a las intenciones del gobierno federal de privatizar Pemex. Lo que hay que procurar es que la consulta tenga credibilidad. Esto sólo se logra si los organizadores y los participantes procuramos que se dé en un ambiente de participación y de transparencia que no deje dudas. Sólo así la consulta, a pesar de la ausencia de los órganos electorales, podrá contar con la legitimidad que sólo el pueblo le puede otorgar a las decisiones colectivas.
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Entrevista con el Doctor Luis Daniel Vázquez, especialista en democracia
“La consulta energética sólo tendrá impacto político menor”
Fuente: http://eleconomista.com.mx/politica/2008/07/25/653/%E2%80%9Cla-consulta-energetica-solo-tendra-impacto-politico-menor%E2%80%9D/
La consulta ciudadana y el plebiscito son herramientas democráticas muy valiosas, pero cuando tienen el consenso de todas las fuerzas políticas, opina el experto del FLACSO.
La mayoría de los mexicanos respaldan la propuesta de reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón y apoyan que el sector privado invierta en Pemex. A su vez, 80% está de acuerdo en que los políticos consulten a los ciudadanos sobre el futuro energético del país, revela una encuesta realizada por GEA-Isa sobre el tema.
Para conocer la conveniencia, impacto y efecto que tendrá la consulta que el gobierno de Marcelo Ebrard organiza este domingo 27 de julio, El Economista online platicó con el Doctor Luis Daniel Vásquez, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia del Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Como ciudadano, ¿cómo debe verse la consulta energética que se desarrollará este domingo en el DF?
R: Puede verse de distintas maneras, dependiendo de quién la observe. Puede verse como un ejercicio de participación ciudadana o puede verse simplemente como un método retardatario para una toma de decisión gubernamental.
Al no ser vinculante, ¿cuál es y será el impacto de la consulta?
Es verdad, no es vinculante, no tiene ningún impacto legal. Sin embargo, aquí la pregunta es si la democracia mexicana debería tener mayores instrumentos o instituciones relacionadas con la democracia participativa y qué tipo de decisiones gubernamentales son las que se deberían someter a este tipo de prácticas y, en su caso, cuál debería de ser el método de vinculación.
Yo diría que la consulta que se desarrolla este 27 de julio no tendrá efecto alguno, en términos gubernamentales. Quizá donde pueda tener algún efecto sería en el terreno político, pero aquí también su impacto sería menor, ya que, aunque se está invitando a la ciudadanía, sólo será en el DF y seguramente sólo participarán aquellos que están más cercanos al “No”, aquéllos que están más identificados con rechazar la propuesta del Presidente y aquellos que se sienten más cercanos al PRD. Esto minimizará el impacto político que debería tener la consulta.
Sin embargo, lo que deberíamos de pensar, tanto los políticos como los ciudadanos, es que la consulta es un elemento importante que deberíamos utilizar con mayor frecuencia en la toma de decisiones gubernamentales.
¿Cuándo o en qué temas se deberían utilizarse herramientas como la consulta ciudadana y el plebiscito, y cuándo los temas deberían dejarse exclusivamente a la discusión en el Congreso?
Esta es la parte más interesante del debate petrolero, pues va más allá de la reforma misma. Me parece que ahora en América Latina, y más con la llegada de gobiernos de izquierda, se está haciendo más evidente de que no tenemos un modelo económico que nos termina por gustar. Ni tampoco estamos seguros cuál es el tipo de democracia con la cual nos sentimos más contentos; con una democracia acotada, liberal procedimental, que dé menos instrumentos a los ciudadanos. O nos gustaría una democracia más populista, que implica un mayor nivel de participación.
Parecía que a finales de los setentas, ochentas, y principios de los noventas nos inclinábamos por una democracia acotada. Sin embargo, luego de la crisis de 1995 en México y de las crisis asiáticas y de Rusia a finales de la década pasada, parece que ese acuerdo se empezó a caer.
Para conocer la conveniencia, impacto y efecto que tendrá la consulta que el gobierno de Marcelo Ebrard organiza este domingo 27 de julio, El Economista online platicó con el Doctor Luis Daniel Vásquez, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia del Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Como ciudadano, ¿cómo debe verse la consulta energética que se desarrollará este domingo en el DF?
R: Puede verse de distintas maneras, dependiendo de quién la observe. Puede verse como un ejercicio de participación ciudadana o puede verse simplemente como un método retardatario para una toma de decisión gubernamental.
Al no ser vinculante, ¿cuál es y será el impacto de la consulta?
Es verdad, no es vinculante, no tiene ningún impacto legal. Sin embargo, aquí la pregunta es si la democracia mexicana debería tener mayores instrumentos o instituciones relacionadas con la democracia participativa y qué tipo de decisiones gubernamentales son las que se deberían someter a este tipo de prácticas y, en su caso, cuál debería de ser el método de vinculación.
Yo diría que la consulta que se desarrolla este 27 de julio no tendrá efecto alguno, en términos gubernamentales. Quizá donde pueda tener algún efecto sería en el terreno político, pero aquí también su impacto sería menor, ya que, aunque se está invitando a la ciudadanía, sólo será en el DF y seguramente sólo participarán aquellos que están más cercanos al “No”, aquéllos que están más identificados con rechazar la propuesta del Presidente y aquellos que se sienten más cercanos al PRD. Esto minimizará el impacto político que debería tener la consulta.
Sin embargo, lo que deberíamos de pensar, tanto los políticos como los ciudadanos, es que la consulta es un elemento importante que deberíamos utilizar con mayor frecuencia en la toma de decisiones gubernamentales.
¿Cuándo o en qué temas se deberían utilizarse herramientas como la consulta ciudadana y el plebiscito, y cuándo los temas deberían dejarse exclusivamente a la discusión en el Congreso?
Esta es la parte más interesante del debate petrolero, pues va más allá de la reforma misma. Me parece que ahora en América Latina, y más con la llegada de gobiernos de izquierda, se está haciendo más evidente de que no tenemos un modelo económico que nos termina por gustar. Ni tampoco estamos seguros cuál es el tipo de democracia con la cual nos sentimos más contentos; con una democracia acotada, liberal procedimental, que dé menos instrumentos a los ciudadanos. O nos gustaría una democracia más populista, que implica un mayor nivel de participación.
Parecía que a finales de los setentas, ochentas, y principios de los noventas nos inclinábamos por una democracia acotada. Sin embargo, luego de la crisis de 1995 en México y de las crisis asiáticas y de Rusia a finales de la década pasada, parece que ese acuerdo se empezó a caer.
Ya no estábamos tan seguros de que lo que nos gustaba era la economía liberal (o neoliberalismo, como algunos la llaman), ni tampoco estábamos tan seguros de que lo que lo que nos gustaba era una democracia acotada. Eso se hizo evidente cuando en 1999 gana la elección Hugo Chávez en Venezuela, y después Néstor Kirchner, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia, y Rafael Correa, en Ecuador.
El problema en este momento en América Latina y en México es que no tenemos un acuerdo fundacional. Ahí respondo a la pregunta: una consulta debe utilizarse cuando, lo que estamos sometiendo sea un acuerdo fundacional de la Nación. Ahí debe existir una consulta, porque ahí es donde aún no tenemos acuerdo, donde las naciones suelen partirse en dos, como ocurrió en el referéndum revocatorio de Hugo Chávez, en Venezuela; o cuando Costa Rica decidió por medio de un plebiscito firmar o no el TLC con EU.
En México, si hubiera existido un acuerdo de consulta nacional donde hubieran participado todas las fuerzas políticas hubiera valido la pena.
Finalmente, ¿cuándo deben usarse este tipo de consultas?, cuando la decisión en sí misma implique un acuerdo de nación, porque sus ciudadanos están divididos en dos. Ahora, ¿cuándo no se debe usarse?, cuando se trata de política fiscal, por ejemplo (nadie va a votar porque le suban los impuestos), ni en la administración de la política, pues para eso es la democracia.
Retomando lo anterior, ¿el tema energético debería llevarse a una consulta nacional o debería dejarse la discusión al Congreso?
Me parece que en este tema valdría la pena una consulta nacional. El problema de la consulta del 27 es que no superó los problemas que antes comenté; no tiene el acuerdo de las tres fuerzas gobernantes y no tendrá, en consecuencia, el respaldo que este tipo de consultas debería tener.
Ahora, democráticamente hablando, ¿sirvieron de algo los foros energéticos (o petroleros) que se celebraron durante meses, y con más de 100 ponentes, en el Senado?
Esa respuesta no lo puedo dar ahora, sino después de que veamos cómo se discute en el Congreso la reforma energética. En este momento, parece que fue un diálogo de sordos. Parece que aquellos del PAN, y algunos del PRI, que estaban en favor de la reforma, siguen estando en favor. Y parece que los PRD, y algunos del PRI, que estaban en contra siguen estando en contra. Y tampoco termina de claro, cuál será el proceso de negociación, a pesar de los acercamientos que han tenido los tres partidos mayoritarios. Sin embargo, quizá nos llevamos una sorpresa y logran una reforma por consenso.
¿Cómo debe funcionar la democracia en temas como el energético, como una democracia de consenso o una de mayorías (donde hay ganadores y perdedores?
Esa está muy complicada. No hay una ley de cómo debe funcionar la democracia. Al final la democracia nunca ha sido un procedimiento de consenso, la democracia, el instrumentos que utiliza para salvar, precisamente este tipo de disputas, es la mayoría, por eso es que hay una votación, y por eso hay una mayoría que gana. Esa mayoría obviamente puede ser de distintos tipos, puede ser simple o calificada. El método democrático no es método de consenso, sin embargo, cuando existe el consenso, mucho mejor.
No siempre existe el consenso, para eso está inventada la democracia. Lo más importante en estos casos es respetar las garantías de las minorías. Sin embargo, en el debate de la reforma energética no veo qué minoría pueda resultar vulnerada por un acuerdo de la mayoría. Me parece que en el caso de la reforma energética habrá, y será suficiente, un acuerdo mayoritario, lo cual no resta democraticidad al acuerdo. Sigue siendo un acuerdo democrático, porque la democracia se maneja como acuerdos de mayorías.
Fuente: Francisco Nazifh
El problema en este momento en América Latina y en México es que no tenemos un acuerdo fundacional. Ahí respondo a la pregunta: una consulta debe utilizarse cuando, lo que estamos sometiendo sea un acuerdo fundacional de la Nación. Ahí debe existir una consulta, porque ahí es donde aún no tenemos acuerdo, donde las naciones suelen partirse en dos, como ocurrió en el referéndum revocatorio de Hugo Chávez, en Venezuela; o cuando Costa Rica decidió por medio de un plebiscito firmar o no el TLC con EU.
En México, si hubiera existido un acuerdo de consulta nacional donde hubieran participado todas las fuerzas políticas hubiera valido la pena.
Finalmente, ¿cuándo deben usarse este tipo de consultas?, cuando la decisión en sí misma implique un acuerdo de nación, porque sus ciudadanos están divididos en dos. Ahora, ¿cuándo no se debe usarse?, cuando se trata de política fiscal, por ejemplo (nadie va a votar porque le suban los impuestos), ni en la administración de la política, pues para eso es la democracia.
Retomando lo anterior, ¿el tema energético debería llevarse a una consulta nacional o debería dejarse la discusión al Congreso?
Me parece que en este tema valdría la pena una consulta nacional. El problema de la consulta del 27 es que no superó los problemas que antes comenté; no tiene el acuerdo de las tres fuerzas gobernantes y no tendrá, en consecuencia, el respaldo que este tipo de consultas debería tener.
Ahora, democráticamente hablando, ¿sirvieron de algo los foros energéticos (o petroleros) que se celebraron durante meses, y con más de 100 ponentes, en el Senado?
Esa respuesta no lo puedo dar ahora, sino después de que veamos cómo se discute en el Congreso la reforma energética. En este momento, parece que fue un diálogo de sordos. Parece que aquellos del PAN, y algunos del PRI, que estaban en favor de la reforma, siguen estando en favor. Y parece que los PRD, y algunos del PRI, que estaban en contra siguen estando en contra. Y tampoco termina de claro, cuál será el proceso de negociación, a pesar de los acercamientos que han tenido los tres partidos mayoritarios. Sin embargo, quizá nos llevamos una sorpresa y logran una reforma por consenso.
¿Cómo debe funcionar la democracia en temas como el energético, como una democracia de consenso o una de mayorías (donde hay ganadores y perdedores?
Esa está muy complicada. No hay una ley de cómo debe funcionar la democracia. Al final la democracia nunca ha sido un procedimiento de consenso, la democracia, el instrumentos que utiliza para salvar, precisamente este tipo de disputas, es la mayoría, por eso es que hay una votación, y por eso hay una mayoría que gana. Esa mayoría obviamente puede ser de distintos tipos, puede ser simple o calificada. El método democrático no es método de consenso, sin embargo, cuando existe el consenso, mucho mejor.
No siempre existe el consenso, para eso está inventada la democracia. Lo más importante en estos casos es respetar las garantías de las minorías. Sin embargo, en el debate de la reforma energética no veo qué minoría pueda resultar vulnerada por un acuerdo de la mayoría. Me parece que en el caso de la reforma energética habrá, y será suficiente, un acuerdo mayoritario, lo cual no resta democraticidad al acuerdo. Sigue siendo un acuerdo democrático, porque la democracia se maneja como acuerdos de mayorías.
Fuente: Francisco Nazifh
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