Las consultas de Madrazo
El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales reivindica durante su viaje a Suiza la participación ciudadana en todos los ámbitos
11.11.08 - UNAI MARAÑA ENVIADO ESPECIAL AARAU (SUIZA).
Fuente: http://www.diariovasco.com/20081111/politica/consultas-madrazo-20081111.html
DV. El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, propuso ayer en Aarau (Suiza) modificar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para garantizar la democracia directa y la participación ciudadana de los vascos, aunque él considera que «no cierran la puerta» a esta vía. «Pero si hay quien lo cree, habrá que modificarlos», sentenció.
Madrazo rechazó que se empleen ambas normas y la violencia como «coartadas o excusas» para impedir esta vía política ampliamente practicada en Suiza. El consejero reiteró que «el mejor modo de deslegitimar la violencia de ETA es celebrar una consulta para que la ciudadanía vasca pueda decir a la organización terrorista que desaparezca para siempre».
El titular de Vivienda y Asuntos Sociales reivindicó la participación ciudadana en un sentido amplio, para todos los ámbitos: político, económico, social, medio ambiental y de género. No podía haber elegido otro lugar mejor que Suiza para hacerlo: los helvéticos son llamados cuatro veces al año a referéndum, y nueve de cada diez, según las encuestas, no aceptarían que les privaran de ese derecho.
El próximo día 30, los suizos tienen una nueva cita con las urnas. En la ciudad de Zurich se votarán catorce propuestas de orden local, cantonal y federal. Los ciudadanos podrán decidir, entre otras cuestiones, que los delitos de pornografía infantil no prescriban, flexibilizar la edad de jubilación, la elección libre en la compra de medicamentos o la prolongación del tranvía hasta el zoo.
El consejero considera a la confederación helvética un modelo y un referente, así como un «toque de atención para quienes niegan el derecho de la ciudadanía vasca a la participación política». Para Madrazo, la experiencia suiza demuestra que esta vía «no es una forma de distorsionar la vida pública, sino todo lo contrario: mantiene viva la política de un país».
El Gobierno Vasco, las formaciones políticas y los agentes sociales tienen la «obligación ineludible», según el coordinador general de EB, de mirar a Suiza como modelo «claro y concreto» de que la democracia directa «lejos de dividir, une, y en vez de provocar confrontación, permite avanzar en la convivencia».
En nombre del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, Madrazo se comprometió a promover y desarrollar formas de democracia directa en su ámbito de actuación y competencia, desde la «convicción profunda» de que esta senda es «el futuro por el que hay que transitar y la única que permitirá superar la brecha existente y cada vez más profunda entre la política y la sociedad».
Labor opositora
En una reciente encuesta encargada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, la gran mayoría de los guipuzcoanos entrevistados confesaron desconocer quién es el diputado general. En Suiza, el interés de los ciudadanos por quien les representa no es mucho mayor, pero en este caso se debe a que el nombre o el color de los cargos públicos tienen menor importancia.
El Centro para la Democracia de Aarau (ZDA), asociado a la universidad de Zurich, destaca que la labor opositora está más en manos de los propios ciudadanos que de los partidos políticos. Así lo demuestra el hecho de que más del 25% de las propuestas de enmienda constitucional realizadas por las instituciones han sido rechazadas por los electores.
En una encuesta elaborada por el sociólogo norteamericano Carod Schmid, el 70% de los suizos señalaron su sistema político como la principal razón para estar orgullosos de su nacionalidad. Madrazo destaca que la democracia directa permite que la sociedad civil helvética sea «activa, viva, comprometida y protagonista de su futuro».
El director del ZDA, Andreas Aauer, aclaró que el modelo suizo es el resultado de un largo y «fascinante» proceso político con raíces en el siglo XIX, por lo que considera «muy difícil transplantarlo a otro país». No obstante, estableció un «punto de comparación» entre la experiencia helvética y la vasca: la democracia directa «civilizó la política» en el país alpino, «muy violenta» hasta el siglo XIX.
Aauer señaló que la democracia directa «es una calle de sentido único». Una vez que se entra, «es imposible volver atrás», subrayó el académico, porque «cuando se deja en manos de los ciudadanos la decisión de las cuestiones importantes, ya no renuncian a ese derecho».
Sunday, December 28, 2008
ESPAÑA: Las Consultas de Madrazo
Saturday, September 27, 2008
ESPAÑA: Consultas Populares en Cataluyna
"Consultar a la sociedad ayuda a cimentar la democracia participativa y a terminar con la desafección política"
Jordi Ausàs (ERC) está elaborando con sus socios de Gobierno el contenido de una Ley de Consultas para Catalunya. Para ello, el conseller observa con lupa los pasos que se dan a favor y en contra del plebiscito vasco. "Que hoy se vea con malos ojos algo así, se hace duro", dice
bilbao. Jordi Ausàs atiende a este diario por teléfono mientras pasa unos días de vacaciones en el Pirineo catalán. En estos días de ocio, el conseller reflexiona acerca de las cosas que más le preocupan de la Ley de Consultas que prepara su departamento.
Entre otras cosas, muestra su inquietud por el déficit que existe en el Estado español a la hora de valorar positivamente estas iniciativas, iniciativas que "sólo sirven para cimentar la democracia participativa y para que la ciudadanía intervenga y se implique en política". De momento, tiene un espejo en el que mirarse: el plebiscito vasco.
Él no tiene dudas: "Es sano para el sistema democrático y para todos los vascos". Para PP y PSOE un mensaje: "Es un grave error llevar el proyecto del lehendakari ante el TC, es ponerse una venda en los ojos y no querer ver una realidad -la de las consultas- que se ve con absoluta naturalidad en muchas administraciones y gobiernos de todo el mundo".
¿Por qué defienden ustedes una Ley de Consultas Populares para Catalunya?
Desde el Gobierno de Catalunya impulsamos este proyecto por diversas razones. La primera es lograr que se reconozcan todas las competencias que recoge el Estatut. La segunda, porque queremos dar cumplimiento al mandato del Parlament de Catalunya, donde se han aprobado numerosas iniciativas en este sentido, en el sentido de que se impulse una Ley de Consultas Populares. Y por último, porque la redacción y la aprobación de una ley así figura en el cumplimiento del pacto de gobierno que suscribimos ERC, IU-ICV y PSC.
Seguro que detrás de la consulta hay más razones...
Sí. Entre otas cosas, porque consultar a la ciudadanía es una profundización importante de la democracia, y porque también es un antídoto contra la desafección política. Y es vital porque fomenta la participación directa del ciudadano en política, y así, suma y sigue.
Vamos, que esta medida, así como la que impulsó recientemente el Parlamento vasco, va en el camino de cimentar la democracia participativa.
Claro que sí, porque esta medida del Gobierno catalán promueve el derecho a decidir -pilar básico de la democracia- y es un derecho que contribuye a cohesionar Catalunya. De hecho, el objetivo de mi departamento es hacer funcionar el país desde muchos ámbitos: dando soporte al mundo local y promoviendo proyectos que impliquen a la ciudadanía en la política. En Euskadi, se hace más de lo mismo.
En la presentación de la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco se veía como algo básico que, en pleno siglo XXI, los ciudadanos puedan ser consultados con el objetivo de atenuar los efectos de una representación política imperfecta en las instituciones. ¿Comparte este prisma para la Ley de Consultas en la que trabaja?
En Catalunya lo vemos igual. El problema es que algunos quieren hacer lecturas en diagonal, con tintes partidistas.
Estas leyes de consultas serán tenidas muy en cuenta por otras administraciones y otros gobiernos, porque en los tiempos que corren son totalmente necesarias. ¿A quién puede molestar que se pregunte a la ciudadanía? ¿A quién puede incomodar que se pregunte al pueblo para tener en cuenta su opinión antes de una toma de decisiones? Creo que tenemos que acostumbrarnos a consultar con absoluta naturalidad y actuar en consecuencia. La Ley de Consultas Populares es una necesidad para mi país.
¿Es vinculante la consulta que proponen en su departamento? ¿Tiene el mismo rango que la que se aprobó recientemente en la Cámara de Gasteiz?
Aunque en Euskadi no sea vinculante, moralmente hablando, el Gobierno español tiene que estar muy atento a lo que los ciudadanos opinen en una consulta democrática con todas las garantías. Pero en el caso de Catalunya, tenemos la competencia exclusiva para la regulación de las consultas populares por vía de referéndum, por lo que la competencia exclusiva del Estado en este asunto-y figura en el art.149 de la Constitución española- se limita a la autorización de este instrumento en cada convocatoria concreta.
¿En qué consiste dicha autorización?
El Estado tiene sólo la competencia en la autorización de consultas populares, pero la Generalitat tiene la competencia exclusiva -según el art. 122 del Estatut- para regular las consultas populares por vía de referéndum y de todos los aspectos de su organización. Nosotros organizamos, convocamos y la hacemos y, al final, el Estado español decide si le da el visto bueno.
Y si desde Madrid se oponen, como sucede en Euskadi...
En Catalunya no queremos una ley para tenerla guardada en el cajón -y no utilizarla-, queremos hacerla efectiva, para así poder acostumbrar al conjunto de la ciudadanía a opinar. Que se vea que la opinión de la gente se tiene en cuenta.
El Consejo de Europa y otros organismos europeos ven con buenos ojos -y dentro de la legalidad- esta clase de iniciativas políticas. ¿Por qué incomoda tanto en los círculos políticos, judiciales o mediáticos de Madrid que se consulte a la ciudadanía cívicamente?
Sé que en muchos Estados y países se asume con mucha naturalidad la idea de consultar a la ciudadanía. No interiorizarlo aquí con normalidad es un error. Ahora que estamos elaborando esta ley desde Catalunya y, como es lógico, contando con el apoyo y el asesoramiento de juristas reconocidos -del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y de otros equipos de juristas-, creo que hay pocas excusas para permitir que se construyan diques contra la voz de la ciudadanía. También estamos comparando las legislaciones de otros países de nuestro entorno y sus prácticas políticas, y estamos comprobando que en lo que compete a la ciudadanía, se ejercita el derecho a decidir en muchos ámbitos para que la gente de la calle pueda implicarse en la vida pública y en la política. El camino va en esta dirección; hacer lo contrario es poner piedras en la senda de la democracia.
¿Debería ser más respetuoso el Gobierno español con las iniciativas que buscan fortalecer la democracia participativa?
El Gobierno español debe moderarse: tiene que tomar decisiones más respetuosas con el entorno institucional, incluso no fomentando la crispación entre instituciones. Creo que es un grave error utilizar el TC como si se tratara de un engranaje más de los intereses gubernamentales de España. Se dedican a marcar el calendario de sus deliberaciones, el calendario de sus sentencias en función de la coyuntura o de la oportunidad política partidaria. Ni en el caso de Euskadi ni en el de Catalunya, deben hacer lo que hacen en financiación, política lingüística o con las leyes de consulta. ¿Qué sentido tiene que el TC prohiba la Ley de Consulta del lehendakari? Ninguno. Por tanto, me parece que el sentido común tiene que empezar a primar: corresponde al TC marcar sus tiempos en sintonía con el sentido común, es decir, de forma que el 25 de octubre se pueda celebrar la consulta en Euskadi.
Como dijo el lehendakari, "no divide a la sociedad quien pregunta, sino quien prohibe consultar".
Exacto, eso es lo que se tiene que tener en cuenta.
Uste dice que el proyecto de ley que maneja su departamento es jurídicamente impecable, ¿pero qué trabas le pueden encontrar?
Efectivamente, nosotros conocemos las competencias que nos marca el Estatut y la Constitución española, por tanto queremos elaborar una ley para ser utilizada, y no para tenerla en la estantería. Estamos haciendo una Ley de Consultas Populares impecable con la legislación vigente. El TC no debería tener ningún problema en darle el visto bueno.
El proyecto de ley tiene encaje en el Estatut, pero con toda la que ha llovido sobre el Estatut -que sigue bloqueado a la espera de que se pronuncie el TC-, ¿de verdad cree que desde Madrid serán benevolentes con sus intenciones?
Habrá que esperar, pero lo que vemos en Madrid es bastante sombrío. No entendemos el revuelo que se forma cuando en democracia se toman determinadas medidas. Y tenemos muchos ejemplos. El Estatut lo podemos ejercitar y lo tenemos que exprimir como una naranja en todas nuestras competencias: como por ejemplo, con los referéndums y la organización de ellos.
El Estatut recoge la competencia de convocar referéndos y consultas, ¿no son dos elementos que pueden levantar sospechas para los miembros del Tribunal Constitucional?
No tendría que serlo, la intención es elaborar una norma que quepa en el marco estatutario y en el constitucional. Queremos ejercer nuestras competencias al máximo, y estos elementos no tendrían por qué incomodar a ningún tribunal. Hay aspectos legítimos que recoge el Estatut y que se están poniendo en tela de juicio, como es el caso de la financiación autonómica. El sábado día 9, finalizó el calendario establecido en el Estatut para acordar el modelo concreto de financiación para Catalunya. De momento, lo que hay es que no se respeta el sistema de financiación acordado, lo que supone un recorte de las competencias y de la soberanía de Catalunya.
Tienen trabas en la financiación, en el autogobierno... ¿les recortan siempre competencias desde Madrid?
¿Qué pretenden en Madrid, pasar el cepillo que Alfonso Guerra ya utilizó en las Cortes españolas? El Estatut es una Ley Orgánica y hay que cumplirla. La negociación ya se produjo en su día, con un alto coste para los intereses de Catalunya, por lo tanto, ahora no se trata de una renegociación, sino que se trata de cumplir con la financiación. Si en una cuestión de financiación hay tantas dificultades, espero que no suceda lo mismo con la Ley de Consultas. En Madrid tienen que saber que la consulta es muy positiva para la cohesión de Catalunya.
Tuesday, September 16, 2008
PARAGUAY: Lugo abre Polémica por Plebiscito tras Crisis en Senado Paraguay
Lugo abre polémica por plebiscito tras crisis en Senado Paraguay
jueves 28 de agosto de 2008 12:13 GYT
Fuente: http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAN2830411420080828?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0
ASUNCION (Reuters) - El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, dijo que podría llamar a una consulta popular si el conflicto que paraliza el Senado se prolonga, en lo que sus opositores interpretaron como una amenaza al Poder Legislativo.
El flamante mandatario admitió en una entrevista transmitida el miércoles en la medianoche por el canal local Telefuturo que la convocatoria a un plebiscito es posible "dentro del marco del respeto, de la sobriedad, de la solidaridad y de la racionalidad."
Lugo enfrenta su primera crisis institucional a menos de dos semanas de asumir el cargo, que se desató por la incorporación del ex presidente Nicanor Duarte al Senado, en un acto que sus opositores declararon nulo, ratificando a su suplente.
El conflicto amenaza la aprobación de proyectos clave para el Gobierno, como el presupuesto 2009, varios créditos y donaciones y la confirmación de funcionarios de alto rango.
"Ojalá no haya polarizaciones irreconciliables que tiñan el proceso, en donde no se permita la gobernabilidad. Supongamos que este Congreso, hace un mes que no funciona, pasan dos, tres meses, le voy a preguntar a la ciudadanía: ¿ese es el Congreso que ustedes votaron?," dijo.
"¿Es el comportamiento que nos merecemos los paraguayos, de un Congreso que estemos pagando y no dé resultados? (...) Pero no van a tener que responderme a mí, sino a esa ciudadanía que les votó," agregó el mandatario.
Las declaraciones de Lugo elevaron la voz de alarma entre legisladores de la oposición, quienes lo acusaron de pretender disolver el Congreso, donde no tiene una mayoría propia pese a haber llegado a acuerdos con partidos minoritarios para asegurar la gobernabilidad.
También advirtieron que podría seguir los pasos de sus colegas de izquierda de Venezuela y Ecuador, quienes llevaron adelante consultas populares para aprobar polémicas reformas con el objetivo de dar mayor poder al Ejecutivo.
"Un plebiscito sobre la gestión del Congreso no solucionará la crisis dentro del marco de la constitucionalidad (...) Si (Lugo) quiere disolver el Congreso que proceda y veremos cómo siguen las cosas," dijo a una radio local el senador opositor Juan Carlos Galaverna.
Tras las críticas, aliados de Lugo dijeron que el nuevo jefe de Estado no pretende llamar a un plebiscito y que las palabras del presidente fueron mal interpretadas.
"El presidente no habló de llamar a ninguna consulta popular, sino que la gente finalmente va a terminar evaluando la conducta de los políticos," dijo el ministro del Interior, Rafael Filizzola.
El asesor jurídico de la presidencia, Emilio Camacho, dijo que Lugo no descarta un mecanismo para saber lo que piensa la ciudadanía, pero que ello no significa "una amenaza con un plebiscito, que ni siquiera existe en la Constitución."
(Reporte de Mariel Cristaldo. Editado por Lucila Sigal)
Monday, August 25, 2008
GUATEMALA: Consultas Populares en Sipakapa
Este articulo cuenta bien la historia de la lucha en Sipakapa en contra a la impresa minera Glamis Gold y el exito de las consultas populares en las comunidades afectadas, una forma de la democracia directa y participativa. - Editor
¿Qué ocurre en Sipakapa?
Miguel Ángel Sandoval
03:26h. del Domingo, 27 de julio.
Fuente: http://www.larepublica.es/spip.php?article11890
Sipakapa es un municipio de Guatemala. Desconocido por todos en nuestro pequeño país, y por supuesto en el mundo, hasta que una empresa extractora de oro, la Glamis Gold, que en Guatemala se llama Montana, se instaló en sus alrededores y dio inicio la violaron de los derechos de las comunidades indígenas, la depredación del medio ambiente y la burla a la soberanía nacional.
A partir de entonces, supimos que en esa comunidad de San Marcos se hablaba junto con el castellano, el sipakapense y que existía una cultura indígena digna de todo el respeto posible. Pero lo que importa en este artículo, no es que se haya instalado esa empresa, pues finalmente lo hacen en cualquier lugar del mundo y no-pasa nada. Pero en Sipakapa, se realizó la primer consulta popular directa y dio inició lo que se puede considerar la mayor y mejor expresión de democracia directa en el continente y creo que más allá. Veamos.
En el 18 de junio de 2005 tuvo lugar en Sipakapa una consulta popular que dijo con claridad que no quería explotación de minas a cielo abierto. Y se lo dijo a un país que no quería saber nada de movimientos desestabilizadores, ni nada que oliera a problemas con el gobierno. Pero sentó un precedente de suma importancia. A partir de entonces se han desarrollado unas 25 consultas populares en igual cantidad de municipios. En unos casos, la mayoría, para oponerse de manera clara a la minería. En otros, para decir no a proyectos hidroeléctricos, y en uno muy especial, a una cementera.
En todos los casos las comunidades han invocado, como en Sipakapa, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, que constituye el primer instrumento legal que en términos jurídicos avala derechos indígenas, entre los cuales el derecho a las consultas informadas. Y en el ámbito interno, se ha utilizado el derecho de las municipalidades a realizar Cabildos Abiertos y otras formas de consulta con la ciudadanía.
Es decir, que se trata de procesos populares y democráticos, absolutamente legales, y en ello reside su originalidad y su fuerza. No se trata de movimientos ilegales, subversivos, menos terroristas, sino que se trata de consultas democráticas, absolutamente legales, inscritos en la legislación nacional e internacional. En lo que el Estado y la constitución política del país acepta y dice respetar, pero que dos gobiernos no respetan porque anteponen los sacrosantos derechos de las multinacionales y señalan que un municipio y una consulta, no sustituyen los derechos de la mayoría de intereses del Estado. Pero ocurre que son 25 consultas en municipios y la ola de democracia directa continúa. Por ello Sipakapa es un paradigma, no solo guatemalteco sino a nivel mundial. Es la práctica de la democracia directa. Nada más que eso. Pero, nada menos.
En síntesis lo que Sipakapa, en una consulta democrática decidió fue que no querían minería de cielo abierto para la explotación del oro, porque contaminaba el agua, afectaba la salud de la comunidad y otros pueblos vecinos y constituía un mal negocio para el país. De acuerdo con actual código de minas, el país tiene derecho a una regalía de uno por ciento, dividido en 50% para la comunidad y 50% para el gobierno. Por ello en Sipakapa se dice habría que cambiar la ley por medio de la cual esta compañía opera en Guatemala.
Hace apenas dos días, una campaña de radio de la empresa minera convoca a los viejos demonios represivos y ello tiene eco en medios de comunicación en donde columnistas conservadores hacen llamados a los cuarteles del ejército y la policía para que eviten las demostraciones populares de pueblos como Sikapaka que se opongan a la minería de cielo abierto o a hidroeléctricas que ponen en riesgo de miles de familias por las inundaciones que las mismas generarían. No esta demás recordar que en Guatemala en 1980, la hidroeléctrica más emblemática, fue construida luego de la masacre de unas 250 personas que se oponía a la pérdida de sus tierras y viviendas como finalmente ocurrió. Es la historia que se puede ver en el rechazo de las gentes.
Finalmente, en Sipakapa, San Marcos, la empresa Montana esta en pie de guerra y con la utilización de los viejos temores, convoca por medio de la radio a los soldados y policías a la defensa de sus intereses, para lo cual tienen eco como se señala, en los neoliberales de toda la vida. Es lo que no se atreven a decir cuando acuden a llamados vacíos al estado de derecho.
En el fondo de sus renovadas amenazas se encuentra el reinventado argumento que intenta descalificar y criminalizar al obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini, quien desde el pulpito y el trabajo pastoral ha dicho que en Guatemala hace falta un nuevo código de minas para que el país no siga siendo expoliado, saqueado, que se acepte y respete el resultado de las consultas populares, y que se pronuncie en contra de los supuestos beneficios de la globalización. En ello reside el interés social, político y global de lo que ocurre en Sipakapa.
